Un millar de jueces y fiscales se rebelan contra Bolaños, temiendo por la independencia judicial
Más de mil jueces y fiscales han impulsado una huelga contra las reformas anunciadas por Félix Bolaños, denunciando un "grave retroceso" en la independencia judicial y la separación de poderes, en un contexto de creciente desconfianza hacia el Gobierno de Pedro Sánchez.
Archivo - Fachada del Tribunal Supremo, a 27 de febrero de 2025, en Madrid (España).
Unos mil jueces y fiscales han dado un paso adelante para convocar una huelga en protesta por las reformas propuestas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que consideran un "riesgo" para la independencia de la Justicia. En un manifiesto difundido a través de la cuenta @Huelga2025, los firmantes afirman que la retirada de estas iniciativas es la "única manera" de evitarlo, y que la huelga es la "última defensa legítima" a su alcance.
Las reformas cuestionadas incluyen cambios en el acceso a las carreras judicial y fiscal, así como modificaciones en la estructura de la Fiscalía que, según los críticos, podrían permitir al poder político influir en la composición de los jueces y fiscales, debilitando la separación de poderes.
Esta rebelión judicial no es solo un desafío a Bolaños, sino un reproche al Gobierno de Sánchez, que parece más interesado en controlar las instituciones que en garantizar su independencia, en un momento en que la credibilidad del Ejecutivo está en entredicho por múltiples escándalos.
El manifiesto, que ha reunido más de mil adhesiones en tres días, denuncia que la reforma de acceso a ambas carreras "devalúa la formación" de los jueces y fiscales, abriendo la puerta a influencias políticas en el proceso selectivo.
Los firmantes critican la inclusión de un "dictamen escrito" de evaluación subjetiva, que podría ser vulnerable a filtraciones, y la "estabilización" de jueces y fiscales sustitutos, que consideran una "puerta de atrás" para profesionales sin garantías objetivas de capacitación. Además, acusan al Gobierno de pretender controlar las carreras judicial y fiscal, ya "politizadas" a través de nombramientos discrecionales, y de reforzar el poder del fiscal general a costa de las garantías profesionales de los fiscales.
La huelga, impulsada por un movimiento espontáneo que ha cristalizado en el grupo Unión de Fiscales y Jueces, cuenta con el apoyo de profesionales de todas las promociones, desde noveles hasta veteranos. Las fuentes consultadas destacan la magnitud de la respuesta, que refleja el descontento generalizado con las reformas de Bolaños.
Esta rebelión no es un capricho, sino una defensa del Estado de Derecho frente a un Gobierno que, según los críticos, pone en peligro la separación de poderes.
