Bolaños ya ni se esconde: habla en primera persona de defender al Fiscal General y queda retratado
El ministro de Justicia vuelve a defender abiertamente a Álvaro García Ortiz tras conocerse su procesamiento judicial e incluso ya habla en primera persona: "El auto no es firme. Cabe recurso. Y vamos a estar al sistema de garantías y recursos que tiene este país". Palabras que ponen sobre la mesa el debate sobre la separación de poderes y que el 'sanchismo' está lejos de respetar.
Félix Bolaños y el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, acuden a un acto juntos.
Félix Bolaños lo ha vuelto hacer. Todo el mundo sabe que, aunque moralmente sea reprobable e incluso legalmente esté en el límite, el Gobierno ha defendido al Fiscal General y seguirá haciéndolo. El problema es que esta figura, aunque designada por el Ejecutivo de turno, es independiente. Pero ya sabemos que eso al 'sanchismo' no le importa.
El apoyo público del ministro de Justicia a Álvaro García Ortiz tras su procesamiento judicial roza lo indecente. Tras conocerse la noticia, Bolaños no ha tenido problema en decir la siguiente frase: "El auto no es firme. Cabe recurso. Y vamos a estar en el sistema de garantía". Ese "vamos" hablando ya en primera persona no ha pasado desapercibido, encendiendo de nuevo las alarmas sobre la independencia judicial y la salud de la democracia actual. Además considera que es compatible estar imputado con mantener el cargo.
El problema de fondo va más allá de un mero gesto de solidaridad y apoyo: el Fiscal General, aunque como decimos es nombrado por el Gobierno, tiene la misión de actuar con imparcialidad y autonomía dentro del sistema judicial español. Según la Constitución (art. 124), el Ministerio Fiscal debe velar por la legalidad y el interés público, no por intereses partidistas.
Que el Gobierno defienda públicamente a un Fiscal General procesado plantea un dilema moral y legal de primer orden. Por un lado, el mensaje político que se lanza a la ciudadanía es que el Ejecutivo protege a los suyos, lo que mina la confianza en que la justicia actúa con independencia y en igualdad de condiciones para todos. Por otro, legalmente, este apoyo público puede percibirse como una injerencia política en un proceso judicial, algo que choca frontalmente con la separación de poderes (artículo 117 CE) y la igualdad ante la ley (artículo 14 CE).
Más allá de la estrategia de defensa del Gobierno y también de ataque (hacia Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso), la cuestión es si España puede permitirse que el Ejecutivo se convierta en juez y parte en un proceso penal que afecta a quien debe velar por el cumplimiento de la ley. La democracia no sólo exige que las instituciones sean independientes, sino también que lo parezcan.
El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
La frase de Bolaños "vamos a estar en el sistema de garantía" no sólo defiende la presunción de inocencia de García Ortiz (un derecho fundamental, por supuesto), sino que, al provenir del propio ministro de Justicia, podría interpretarse como una presión institucional en un momento clave para la credibilidad de la justicia. Motivo por el cuál las asociaciones de jueces llevan tiempo quejándose. Precisamente desde que miembros cercanos al Gobierno y a su presidente han estado investigados.
La pregunta que queda en el aire es inquietante: ¿se respeta de verdad la separación de poderes en España cuando el Gobierno cierra filas con el Fiscal General procesado? O peor aún: ¿qué mensaje se lanza a la ciudadanía cuando quien debería velar por la legalidad recibe el apoyo político de quienes lo nombraron?
En un Estado de Derecho, la justicia debe ser imparcial, y todos (incluidos los altos cargos) deben rendir cuentas ante la ley. Lo contrario convierte la democracia en un decorado.