Sin servicios mínimos ni sanciones: el CGPJ planta cara a Bolaños y no impondrá castigos a quienes secunden la huelga

Este jueves el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha posicionado claramente respecto a la huelga de jueces y fiscales convocada contra la reforma judicial del Gobierno de Pedro Sánchez. Lo hace anunciando que se niegan a actuar contra esta protesta convocada por las asociaciones de jueces y fiscales (todas menos las progresistas) para los días 1, 2 y 3 de julio contra la reforma judicial del Gobierno.

De esta manera el órgano de gobierno de los jueces ha rechazado fijar servicios mínimos y ha dejado claro que no impondrá sanciones disciplinarias a quienes se sumen a la protesta. La respuesta supone un claro rechazo a la presión del Ejecutivo, que pretendía condicionar una movilización masiva contra una reforma judicial percibida como un ataque directo a la independencia del Poder Judicial.

El CGPJ se desmarca así del requerimiento del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, dirigido por Félix Bolaños, que había solicitado al órgano judicial que tomara medidas para garantizar descuentos salariales a los huelguistas. El Pleno del CGPJ ha reiterado que no tiene competencias para fijar servicios mínimos ni para reconocer formalmente el derecho de huelga en el ámbito judicial, aunque deja claro que no impondrá represalias.

Fuentes del Consejo señalan que no se prevé ninguna sanción para quienes participen en la huelga. En cuanto a las posibles deducciones en nómina, subrayan que esa decisión corresponde exclusivamente al Ministerio. Concretamente Bolaños exigía que se descontase la parte proporcional del sueldo a los jueces y fiscales que apoyen la huelga.

Una protesta legítima contra la injerencia política

Las asociaciones convocantes acusan al Gobierno de estar debilitando el Estado de Derecho con una reforma que, según denuncian, busca facilitar una selección ideológica de jueces y fiscales, reducir los requisitos de acceso a la carrera judicial y aumentar el control del Ejecutivo sobre el Ministerio Fiscal. La alarma se ha disparado especialmente con la pretensión de fortalecer las competencias del fiscal general del Estado (nombrado directamente por el Gobierno e imputado actualmente por el caso de Alberto González Amador), lo que mina cualquier apariencia de neutralidad institucional.

Entre las críticas más contundentes está la rebaja de los requisitos para acceder a las carreras judicial y fiscal, así como la introducción de pruebas subjetivas y poco transparentes. En opinión de las asociaciones, esto pone en riesgo la excelencia y la imparcialidad del sistema judicial.

Aval implícito del CGPJ a la movilización

Aunque el CGPJ insiste en que el derecho de huelga no está reconocido normativamente para los jueces, su decisión de no castigar ni restringir la participación en la protesta se interpreta como un aval tácito a la movilización. Además, el órgano recuerda que ya en 2009, 2012 y 2013 adoptó una postura similar frente a anteriores convocatorias.

El Consejo ha instado, eso sí, a que no se vean afectados los servicios esenciales como guardias, decisiones urgentes de instrucción, protección de derechos fundamentales o medidas cautelarísimas.

El CGPJ también ha aprovechado la sesión extraordinaria para reiterar su rechazo al proceso de estabilización extraordinaria previsto en la reforma, al que califica de "injustificado" y contrario al principio de igualdad en el acceso a la función pública. Según el órgano, esta medida no responde a exigencias de la Unión Europea, como sostiene el Ejecutivo, y socava la profesionalidad de quienes han accedido mediante un proceso riguroso y competitivo.

Además, critica que la reforma no pone fin a la interinidad en la Justicia, perpetuando un sistema que debilita la estructura judicial en su conjunto.

El bloque progresista se alinea con el Gobierno, que sigue adelante con la reforma

Durante el Pleno, el sector progresista del CGPJ —salvo una excepción— ha manifestado su oposición a la huelga, señalando que no es admisible que jueces y magistrados lideren una protesta contra el proceso legislativo impulsado por el Gobierno. Según este bloque, la convocatoria desborda los límites estatutarios y no puede contar con el respaldo del Consejo.

Pese al amplio rechazo del colectivo judicial, el Gobierno mantiene su intención de continuar la tramitación parlamentaria de la reforma. Desde el Ejecutivo insisten en que se trata de una modernización necesaria de la Justicia y que cuenta con mayoría parlamentaria. No obstante, para las asociaciones judiciales, el verdadero objetivo es reforzar el control del Gobierno sobre la Fiscalía y debilitar el papel de los jueces en la instrucción de causas penales.