PRIMER DÍA DE PROTESTA
75% de jueces y fiscales apoyan la huelga contra la refoma de Bolaños: "Nos empujan al abismo jurídico"
Mientras el Gobierno guarda silencio y se niega a reconocer oficialmente la huelga, jueces y fiscales denuncian que las reformas anunciadas suponen un ataque directo a la independencia judicial y al Estado de Derecho. Tras meses sin diálogo ni respuesta, han optado por paralizar la Justicia en defensa de la democracia institucional.
El presidente del Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Portillo, y la presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus.
La primera jornada de huelga de jueces y fiscales ha sido un éxito según sus convocantes. Hasta las 13:00 horas de este lunes, un 75% del colectivo —incluidos alrededor de mil fiscales— habría secundado el paro convocado contra las polémicas reformas anunciadas por el Gobierno y concretamente por el Ministerio de Justicia de Félix Bolañós. Unas reformas que, denuncian, suponen un grave atentado al Estado de Derecho.
En rueda de prensa, las principales asociaciones de jueces y fiscales —APM, AJFV, FJI, AF y APIF— han hecho balance del seguimiento y han denunciado tanto la naturaleza de las reformas como la falta total de diálogo por parte del Ministerio de Justicia. Ni el Consejo General del Poder Judicial ni la Fiscalía General del Estado han ofrecido datos oficiales, ya que no reconocen la convocatoria.
“Estamos muy satisfechos, creemos que es un éxito”, ha declarado María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Además ha detallado que el porcentaje se basa en comunicaciones voluntarias remitidas a una cuenta habilitada por el comité de huelga. Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, ha subrayado el mérito del seguimiento entre los fiscales, pese a que las órdenes del fiscal general del Estado impedían en la práctica su participación plena: “Teníamos que hacer de comparsa”.
“No queríamos llegar hasta aquí, pero nos han forzado”
Todos los portavoces han coincidido en que la huelga no es un capricho ni una medida política —lo cual, recuerdan, sería ilegal—, sino una defensa del sistema judicial y de su independencia. “Ni a jueces ni a fiscales nos gusta hacer huelga. Pero nos obligan”, ha lamentado Del Barco. Sergio Oliva, de AJFV, ha pedido disculpas a la ciudadanía por los perjuicios, pero ha recordado que el conflicto podría haberse evitado si el Gobierno hubiese llamado a negociar: “Que el empleador ni siquiera intente evitar un conflicto colectivo es inconcebible”.
En lugar de diálogo, denuncian que el Ejecutivo ha optado por una tramitación parlamentaria urgente que deja sin margen de maniobra a la oposición y a los profesionales del sector. Solo PSOE, PP y Vox respondieron a sus solicitudes de reunión; mientras que los populares y la ultraderecha presentaron enmiendas a la totalidad, los socialistas no recogieron sus propuestas.
Representantes de las asociaciones judiciales durante la rueda de prensa para informar del primer día de huelga.
Una reforma que mina la independencia y politiza la Justicia
Entre las medidas más controvertidas está la asignación ficticia de cinco años de antigüedad a quienes acceden por el llamado “cuarto turno”, lo que facilitaría su llegada a la cúpula judicial sin el mérito correspondiente. También critican la regularización extraordinaria de mil jueces sustitutos y la inclusión de cuatro miembros designados por el Parlamento en la Comisión de Ética Judicial, órgano que hasta ahora era independiente.
“¿Pretendemos politizar también la Comisión de Ética Judicial?”, ha preguntado Del Barco, visiblemente indignada.
Los fiscales, por su parte, advierten de que la reforma del Consejo Fiscal los deja sin protección frente a órdenes arbitrarias y sin garantías de independencia, justo en el momento en que se les entregarán las investigaciones penales, hasta ahora responsabilidad de los jueces. “Una Fiscalía dominada por el Gobierno no conviene a ningún ciudadano”, ha advertido Dexeus.
Los portavoces han rechazado las acusaciones de estar interfiriendo en otros poderes del Estado. “No queremos invadir otros ámbitos, sino defender el nuestro”, ha aclarado Fernando Portillo (FJI). La protesta, insisten, es una “obligación ética” ante lo que consideran el “punto de no retorno” hacia el colapso del Estado de Derecho.
Salvador Viada (APIF) ha sido tajante al vincular la urgencia de estas reformas con el contexto de escándalos de corrupción que afectan al entorno del presidente del Gobierno: “Es demasiado grosero”, ha sentenciado.
Por ahora, la huelga continuará los días 2 y 3 de julio. Una vez concluida esta convocatoria, las cinco asociaciones valorarán si dan nuevos pasos, aunque Del Barco ha descartado por el momento una huelga indefinida.
