España pierde 1.000 millones de la UE y Sánchez a lo suyo: "Nuestro país avanza"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado en redes sociales la aprobación del quinto desembolso de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, destacando que España sigue liderando la ejecución del plan en Europa. 

Sin embargo, la realidad detrás de este titular optimista es menos halagüeña: la Comisión Europea ha recortado 1.000 millones de euros del desembolso debido al incumplimiento de varios hitos clave exigidos por Bruselas, a lo que se suman otros 625 millones en riesgo por objetivos no alcanzados en pagos anteriores.

El Ejecutivo vende como un logro lo que, en rigor, es un cumplimiento parcial de los compromisos adquiridos. De los 23.900 millones de euros netos inicialmente solicitados, España solo ha recibido 22.926 millones, quedando pendientes 1.000 millones vinculados a la reforma de la fiscalidad del diésel y a la digitalización de entidades regionales y locales. A esto hay que añadir que la Comisión advierte que tampoco se ha completado la reducción de la temporalidad en el empleo público, un hito correspondiente al primer pago del plan, lo que podría traducirse en un nuevo recorte de 625 millones en futuras transferencias.

A pesar de estos incumplimientos, Sánchez no ha dudado en presentarse como adalid de la transformación económica de España. “España cumple y sigue liderando en Europa la ejecución del Plan. Nuestro país avanza en transformación económica con los fondos europeos Next Generation EU”, ha declarado el presidente, sin mencionar que buena parte del desembolso recibido corresponde a préstamos que habrá que devolver y que los fondos comprometidos siguen condicionados al cumplimiento de objetivos que el propio Gobierno no ha sabido —o no ha querido— garantizar.

Uno de los principales escollos ha sido la prometida reforma de la fiscalidad del diésel. La retirada de la bonificación fiscal se introdujo como una enmienda parlamentaria que fracasó en el Congreso, dejando en evidencia no solo la falta de consenso, sino la debilidad parlamentaria del Ejecutivo para sacar adelante compromisos adquiridos con Europa. El segundo gran incumplimiento es la digitalización de entidades regionales y locales, un proceso que según el Ministerio de Hacienda está "en gran medida cumplido", aunque la Comisión ha solicitado más evidencias antes de darlo por cerrado. En otras palabras: aún no se ha hecho lo suficiente.

El caso de la temporalidad en el empleo público es aún más preocupante. Tras una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, el Gobierno ha tenido que replantear su estrategia para cumplir un hito que ya debería haberse alcanzado hace tiempo. En lugar de prever soluciones efectivas, el Ejecutivo parece ir siempre a remolque de los acontecimientos, improvisando respuestas a problemas que Bruselas ya había advertido.

Lejos de liderar Europa, España aparece como un país que incumple sus compromisos y cuya capacidad de gestión de los fondos europeos está claramente en entredicho. La propaganda gubernamental intenta maquillar una realidad compleja, pero los datos son tercos: Bruselas no entrega los fondos prometidos porque el Gobierno no ha hecho los deberes.