Ayuso se planta por las formas del delegado del Gobierno por un desahucio en Torrejón: "No contestamos a cartas maleducadas"

Un nuevo enfrentamiento entre administraciones ha estallado en Madrid, donde es conocida la mala relación entre la que dirige Isabel Díaz Ayuso y el representante de Pedro Sánchez en la capital, Francisco Martín. El delegado del Gobierno ha enviado una carta a la presidenta madrileña por el desahucio de una mujer y sus tres hijos en una vivienda pública de Torrejón de Ardoz. Sin embargo, tal y como apuntan desde el Ejecutivo madrileño, lo que podría haber sido una petición de colaboración se ha convertido en un escrito plagado de acusaciones, juicios de valor y un tono impropio del cargo que ostenta.

Consideran que la carta, enviada este mismo 14 de julio, contiene graves acusaciones hacia el Ejecutivo regional, al que tilda de actuar con "falta de humanidad", “ausencia de responsabilidad” y “fracaso de gestión” en este caso de desalojo en Torrejón de Ardoz. La respuesta del gabinete de Ayuso no se ha hecho esperar: "No voy a enviar su carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid para su conocimiento por su falta de respeto".

En la misiva Francisco Martín relata el desahucio de Sheila, una madre soltera con tres hijos menores, víctima de violencia de género y beneficiaria del Ingreso Mínimo Vital como único ingreso. El padre de los menores, aunque figura como obligado al pago de pensión, se declara insolvente.

La familia residía en una vivienda de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid en la avenida Carmen Laforet número 14, en Torrejón. Pese a no tener título legal para residir allí, y aunque Sheila expresó su voluntad de regularizar su situación ("solicitando la adjudicación de la vivienda o el realojo en alguna de las 14 que actualmente se encuentran vacías en el mismo edificio), el proceso siguió la vía judicial hasta su resolución, ejecutándose el desahucio el pasado 8 de julio.

El delegado acusa al Gobierno regional de haber procedido sin ofrecer una alternativa habitacional estable y califica el resultado como “una familia vulnerable dejada en situación de desamparo”. Además, señala que hay “14 viviendas vacías en el mismo edificio” y reprocha que no se ofreciera una de ellas como solución. La carta va más allá de la exposición de los hechos: reprocha a la Comunidad de Madrid “la falta de soluciones” y exige que Ayuso “asuma el liderazgo” para solucionar no solo el caso de Sheila, sino también lo que califica como un “colapso social” en el edificio.

Martín propone incluso una mesa técnica tripartita entre el Ayuntamiento de Torrejón, la Delegación del Gobierno y la Comunidad de Madrid, e insiste en que lo ocurrido no debe despacharse como un mero problema de seguridad.

Sin embargo, lo que podría haber sido una propuesta de coordinación ha llegado, consideran desde el Ejecutivo madrileño. envuelto en un tono hostil y acusatorio que desde el Gobierno regional se considera inaceptable. La respuesta del gabinete de Ayuso es clara: no se responde a mensajes que no cumplen con las formas básicas del respeto institucional. “Le ruego escriba a la presidenta con el decoro que implica su cargo. Si no es capaz de entender lo que usted representa, no vuelva a enviar cartas con esa mala educación”, concluye la respuesta dirigida a Francisco Martín firmada por Miguel Ángel Rodríguez.

El Ayuntamiento de Torrejón (gobernado por el PP), tal y como apunta en su carta Francisco Martín, ofreció una alternativa provisional que califica de "francamente insuficiente, que carece de toda lógica en un contexto de falta de vivienda de alquiler y elevados precios". 

El trasfondo político es evidente. Desde el entorno de Ayuso se ve esta carta como un nuevo intento del Gobierno de Sánchez de desgastar a la Comunidad de Madrid utilizando casos sociales especialmente sensibles. No es la primera vez que el delegado del Gobierno lanza acusaciones públicas contra la administración autonómica sin respaldo técnico o legal.

En este caso, el proceso judicial se ha ejecutado conforme a ley y no corresponde al Ejecutivo regional adjudicar viviendas sin procedimientos. Sheila no tenía título legal sobre el inmueble, y pese a las circunstancias personales, cualquier solución debe ajustarse a la normativa vigente y no a la presión mediática o política.