El Gobierno esconde y retrasa un duro informe europeo sobre la lucha contra la corrupción para "colarlo" en pleno agosto

Sospechoso movimiento del Ejecutivo de Pedro Sánchez que no ha pasado desapercibido y que precisamente está relacionado con el principal problema que tiene ahora mismo encima el PSOE y, por lo tanto, el Gobierno: la corrupción. Las presuntas malas prácticas (por ser ligeros) de Santos Cerdán y José Luis Ábalos han provocado que la imagen de los socialistas y su reputación ande por los suelos.

En este contexto, en las últimas horas se ha conocido que el Gobierno PSOE-Sumar ha retrasado de manera plenamente consciente hasta el 1 de agosto la publicación de un informe europeo que lo acusa de ignorar medidas clave contra la corrupción y de las que fueron avisados en 2019. La fecha no es casual: coincide con el inicio del mayor éxodo vacacional del año, cuando baja el seguimiento ciudadano a la política y a los medios. 

Según ha podido confirmar el diario ABC, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha bloqueado durante al menos dos meses la difusión del documento hasta pactar el momento más discreto para su publicación. El mismo recibe el nombre de 'informe GRECO' porque ha sido elaborado por el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO). Sí, de nuevo otro tirón de orejas que llega desde Bruselas para Sánchez.

El informe, aprobado en junio, concluye que España no ha cumplido suficientemente las recomendaciones del GRECO para prevenir la corrupción en el ámbito del Gobierno central y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Son directrices que se ignoran desde 2019 y que provocaron en 2023 la apertura de un procedimiento de incumplimiento.

Entre los puntos más delicados que el Ejecutivo ha desatendido están el mayor control sobre los asesores gubernamentales —una referencia directa al caso de Koldo García, estrecho colaborador de Ábalos—, o el fortalecimiento de la Oficina de Conflictos de Intereses, cuya tibia actuación en el rescate de Air Europa ha generado fuertes críticas. Dos aspectos claves: por un lado el baile de puestos que con el caso Koldo se ha puesto de manifiesto con el propio Koldo García y por otro la utilización por parte del sanchismo de ciertos estamentos e instituciones.

Cuarto informe consecutivo que el Gobierno ignora

A pesar de que Pedro Sánchez ha presumido en el Congreso de incorporar las recomendaciones del GRECO en su plan anticorrupción, la realidad es que su Gobierno ha ocultado este nuevo informe durante semanas, negándose a autorizar su publicación en junio. De hecho, la autorización del país evaluado es imprescindible para que estos informes vean la luz, y no ha sido hasta ahora —presionado por sus socios, la Comisión Europea y el propio Consejo de Europa— que ha cedido.

El GRECO es un organismo del Consejo de Europa que vela por la lucha contra la corrupción en los países miembros. Su función consiste en evaluar el cumplimiento de medidas de prevención e integridad institucional. En el caso español, las advertencias se han repetido año tras año desde 2019, y este será el cuarto informe consecutivo que reprende al Ejecutivo por su inacción.

Durante la reunión de junio, la gravedad de las conclusiones fue tal que el GRECO decidió elevar el nivel de presión: pidió al secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, que enviara una carta al ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, reclamando “medidas decididas” para lograr avances tangibles y exigiendo que se permita publicar el informe “a la mayor brevedad posible”.

El PP lo ve claro: retraso a propósito y exige que lo publiquen ya

Frente a este escenario, el Partido Popular ha exigido que el informe se publique de inmediato, acusando al Gobierno de querer “tapar” las críticas. Según el PP, el Ejecutivo “demuestra que su única lucha contra la corrupción consiste en ocultarla”. También recuerda que estas recomendaciones cobran especial relevancia en casos como el de Air Europa, donde Pedro Sánchez no se apartó de las decisiones pese al evidente conflicto de intereses, siendo finalmente la Justicia quien obligó a investigar.

“El Gobierno no solo es acusado de corrupción dentro de España, también lo es fuera de nuestras fronteras”, ha denunciado el PP, subrayando que España es ya un reincidente europeo en el incumplimiento de medidas anticorrupción. Además de pedir mayor transparencia sobre asesores, los informes anteriores han reclamado más control sobre las puertas giratorias y mayor independencia para órganos clave como la Oficina de Conflictos de Intereses o el Consejo de Transparencia.