Tsunami político en España: el Fiscal General al banquillo con el respaldo de Sánchez

El procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos ha desatado una tormenta política sin precedentes en España. La decisión del Tribunal Supremo, confirmada este martes, coloca a García Ortiz a un paso del banquillo por la filtración de datos relacionados con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en un caso de fraude fiscal. Pese a la gravedad de la situación, el presidente Pedro Sánchez ha cerrado filas en torno al fiscal general, asegurando desde el Palacio de Marivent que “creemos en su inocencia” y que cuenta con el “aval y apoyo del Gobierno”. Esta postura, que contrasta con las demandas de dimisión inmediata del PP y Vox, ha avivado las críticas de quienes ven en el respaldo de Moncloa un desafío a la credibilidad institucional.

La oposición, liderada por Alberto Núñez Feijóo, no ha dudado en calificar la situación como un “escándalo institucional” que compromete la imparcialidad del Ministerio Fiscal. Feijóo ha exigido la renuncia de García Ortiz, argumentando que “quien se sienta en el banquillo no puede perseguir delitos”. Mientras tanto, las acusaciones señalan que el fiscal general borró mensajes clave de sus dispositivos, lo que el juez Ángel Hurtado considera un intento de frustrar la investigación. La división en la Sala de Apelación del Supremo, con un voto en contra de Andrés Palomo, añade más leña al fuego, alimentando las sospechas de una politización judicial. En un contexto donde la confianza en las instituciones está en entredicho, el apoyo incondicional de Sánchez a García Ortiz amenaza con profundizar la polarización y el desgaste del Gobierno.