el despertador
Begoña Gómez ante el juez por prevaricación: Sánchez acorralado por la corrupción
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El caso de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, se inició en abril de 2024 a raíz de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias, basada en informaciones periodísticas que cuestionaban sus actividades profesionales. Gómez está investigada por cinco delitos: malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. La investigación, a cargo del juez Juan Carlos Peinado del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, se centra en presuntas irregularidades relacionadas con contratos públicos, recomendaciones para adjudicaciones y su rol en la Universidad Complutense de Madrid, donde dirigía una cátedra. Entre las acusaciones destacan el supuesto uso de influencias para beneficiar a empresas como Globalia y Barrabés en rescates durante la pandemia, así como la contratación de una asesora con fondos públicos. Gómez ha comparecido cuatro veces ante el juez, negando siempre las imputaciones y acogerse a su derecho a no declarar en algunas ocasiones, mientras que el Gobierno califica el proceso como una "persecución política" orquestada por la oposición.
En los últimos desarrollos, este miércoles 10 de septiembre de 2025, Begoña Gómez declara por quinta vez como investigada, específicamente por el delito de malversación, relacionado con la contratación de una asesora en la Complutense.La defensa ha recurrido recientemente la decisión del juez de reclamar todos sus correos electrónicos desde 2018 a La Moncloa, argumentando falta de motivación y solicitando limitar su difusión para proteger datos personales.Además, se han revelado maniobras de exasesores del PSOE para intentar apartar al juez Peinado del caso.El PP ha intensificado sus críticas en el Congreso, cuestionando la ejemplaridad del Gobierno coincidiendo con esta declaración, mientras que el Ejecutivo mantiene que las acusaciones son infundadas y busca apoyo en la Audiencia Provincial de Madrid para revocar medidas judiciales.
