España, condenada de nuevo en EE. UU. por los recortes a las renovables: 79,5 millones en el caso Watkins

El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia ha asestado un nuevo golpe al Reino de España en el caso Watkins, confirmando una condena por valor de 79,5 millones de euros. Este fallo, que deniega la moción de archivo presentada por el gobierno de Pedro Sánchez, ratifica la obligación de indemnizar a los inversores afectados por los recortes retroactivos a las primas renovables, una decisión que se suma a la creciente lista de reveses judiciales para España en tribunales internacionales.

La sentencia ordena el pago de 77 millones de euros en concepto de daños, a los que se añaden 2,5 millones por intereses, costes de arbitraje y honorarios legales, una cifra que seguirá creciendo si no se alcanza un acuerdo a corto plazo. Además, el tribunal declara el laudo del CIADI inmediatamente ejecutable en territorio estadounidense, lo que permite iniciar un proceso de discovery order para identificar y embargar bienes del Estado español en caso de impago. Este pronunciamiento se basa en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA), desestimando los argumentos de España, que alegaba que la normativa europea impedía el reconocimiento del laudo.

El fallo sigue el precedente de la Corte de Apelaciones en el caso NextEra Energy, reafirmando la jurisdicción estadounidense sobre estos litigios y recordando que España, al suscribir el Tratado de la Carta de la Energía, se comprometió a cumplir los laudos arbitrales. Este nuevo revés se suma a recientes condenas en los casos Eurus, RREEF, Antin e Infrared, que en conjunto obligan a España a abonar 440 millones de euros. Sin embargo, la factura total asciende a 1.874 millones, incluyendo 26 laudos impagados por valor de 1.492 millones y más de 390 millones en sobrecostes financieros y judiciales.

La estrategia de impagos del gobierno español ha generado consecuencias tangibles, como el embargo de 80 millones de euros en tasas de control aéreo de ENAIRE en Bélgica el pasado julio. Además, la justicia australiana reconoció en agosto cuatro laudos por 469 millones de euros, ejecutables contra España. Estos reveses no solo suponen un coste económico, sino que dañan la credibilidad de España como destino inversor. La acumulación de sentencias adversas en tribunales de Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica y Australia refleja la magnitud del problema.

A finales de septiembre, el Tribunal Supremo de Estados Unidos examinará un último recurso presentado por España. Si, como en instancias anteriores, las alegaciones son desestimadas, el gobierno español agotará sus opciones de apelación en territorio norteamericano, quedando expuesto a nuevos embargos. Las empresas afectadas insisten en que la solución es sencilla: pagar las deudas pendientes, como hizo el Ejecutivo en junio con el caso JGC, cuando saldó la indemnización estipulada.

La persistente negativa a cumplir con los laudos está colocando a España en una posición delicada en los mercados internacionales. Más allá del impacto económico, el país arriesga su reputación como destino fiable para la inversión extranjera. Los tribunales extranjeros siguen emitiendo fallos que presionan al gobierno para resolver este conflicto, cuya salida, según los inversores, pasa por restaurar la confianza mediante el cumplimiento de las obligaciones arbitrales. De no actuar, España podría enfrentarse a una escalada de embargos y un deterioro aún mayor de su imagen global.