Se confirma: Anticorrupción de Navarra habla de "irregularidades administrativas" en tres contratos adjudicados a la empresa de Cerdán
Hablamos de Servinabar, que pertenece al 50% al exsecretario de organización del PSOE. Uno de estos contratos bajo sospecha, la duplicación del túnel de Belate, ha sido declarado nulo de pleno derecho por vulnerar normas básicas del procedimiento administrativo. También se habla de "vicios en el procedimiento".
Foto de varias autoridades visitando las obras del túnel de Belate. Se puede ver arriba el cartel tanto de Acciona como Servinabar.
Irregularidades administrativas, contratos nulos y procesos plagados de vicios legales. Esas son las conclusiones de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra sobre tres adjudicaciones del Gobierno foral a la UTE formada por Acciona Construcciones y Servinabar, esta última propiedad al 50% de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, ahora en prisión por presunta corrupción.
La investigación confirma que una de estas adjudicaciones, la del túnel de Belate, es “nula de pleno derecho” por incumplimientos graves en el proceso de valoración. El contrato, valorado en 62,88 millones de euros (tras una baja del 20 % sobre el presupuesto inicial de 78,6 millones), fue tramitado con serias anomalías: cuatro vocales entregaron sus puntuaciones al presidente de la mesa antes de que este fijara la suya, alterando el funcionamiento imparcial del órgano colegiado.
Obras en los túneles de Belate.
Además, la valoración de las ofertas se realizó por correo electrónico, sin convocatorias formales ni reuniones válidas, lo que fue duramente criticado por varios vocales mediante votos particulares. El proceso, que superó en 80 días el plazo legal, vulneró principios esenciales y ha quedado oficialmente invalidado.
Contratos de vivienda pública también en entredicho
La Oficina Anticorrupción también ha declarado irregularidades graves en otras dos adjudicaciones: sendos contratos para construir 62 y 46 viviendas de protección oficial (VPO) en Ripagaina, Pamplona. En el primero, adjudicado en 2018 por Nasuvinsa, la empresa pública de vivienda, se señala un incumplimiento “sistemático y continuo” de la Ley Foral de Contratos Públicos.
Entre las irregularidades destacan la falta de documentación esencial de varias licitadoras, la adjudicación a una UTE no constituida formalmente, la ausencia de actas de la mesa de contratación y el uso de criterios indebidos para puntuar las ofertas. La gravedad de las deficiencias lleva a la Oficina a concluir que la adjudicación carece de validez jurídica.
El contrato de 2022, también en Ripagaina y con la misma UTE (Acciona y Servinabar), no escapa a la crítica. El informe denuncia que el expediente de contratación no fue aprobado formalmente y que faltaban documentos clave, como el informe de necesidad, el jurídico y la fiscalización previa. Todo ello pone en entredicho la legalidad del procedimiento.
El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Félix Taberna, ha confirmado este lunes que ya se han recibido los informes y que han sido remitidos a la comisión de investigación parlamentaria. Si bien ha reconocido la existencia de “irregularidades administrativas”, ha querido evitar entrar en detalles y ha asegurado que, en principio, no se ha producido un perjuicio económico directo para las arcas públicas.
Estas conclusiones llegan tras el anuncio de la presidenta foral, María Chivite, de solicitar a esta Oficina los informes correspondientes tras la publicación de un documento de la Unidad Central Operativa (UCO) en el marco del caso Koldo, donde ya se mencionaba a Servinabar y Acciona.
Ahora, será el Parlamento foral quien deba dirimir si, además de irregularidades, existió conflicto de intereses o posibles responsabilidades políticas más allá de lo administrativo. En cualquier caso, el informe insiste en la urgente necesidad de reformar la Ley Foral de Contratos Públicos para reforzar la transparencia y garantizar el correcto funcionamiento de las mesas de contratación.