La Complutense se alinea con el juez Peinado y se persona contra Begoña Gómez por perjuicio económico
La Universidad Complutense de Madrid se distancia de la Fiscalía y decide personarse como perjudicada en la causa contra Begoña Gómez
Un cartel de Begoña Gómez antes de su llegada a declarar ante el juez Peinado
Nuevo revés para Begoña Gómez. La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha decidido personarse como parte perjudicada en la causa judicial que investiga a la esposa de Pedro Sánchez por presuntos delitos de corrupción. En un escrito remitido al juez instructor, Juan Carlos Peinado, la universidad asegura que las actividades bajo sospecha pudieron generar un perjuicio económico a la institución, y anuncia que ejercerá acciones civiles para reclamar el “daño causado”.
Golpe para la Fiscalía y para García Ortiz
La decisión supone un golpe para la estrategia de defensa de Begoña y para la posición de la Fiscalía, que este lunes pidió archivar la causa al no ver indicios de delito. El ministerio público sostiene que “ninguno de los investigados se ha beneficiado económicamente” y que no consta perjuicio patrimonial alguno para la Complutense.
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El caso se centra en presuntos delitos de tráfico de influencias, intrusismo, apropiación indebida y corrupción en los negocios. Uno de los focos de la investigación es la supuesta apropiación de un software desarrollado por varias empresas para la cátedra que dirigía Begoña Gómez, y que nunca llegó a ser propiedad de la universidad, pese a los acuerdos previos.
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Entre los investigados figuran la propia Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, conocido por su vinculación con contratos públicos y su proximidad al entorno de la esposa del presidente.
Decisión firmada por Goyache
Paradójicamente, el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, que llegó a estar imputado en la causa antes de que la Audiencia Provincial ordenara el archivo de las diligencias contra él, ha sido quien ha firmado la decisión de que la universidad se persone en el procedimiento como parte perjudicada. En el documento remitido al juzgado, el rectorado reconoce que los hechos “pudieran haber causado un perjuicio económico y ser lesivos para los intereses de la universidad”.