La Fiscalía vuelve a salir en defensa de Begoña Gómez y mantiene su pulso con el juez Peinado
Desde el Ministerio Fiscal se opone a la decisión del magistrado de prorrogar la investigación sobre la esposa del presidente del Ejecutivo. Peinado ha solicitado seis meses más para completar las diligencias pendientes, pero la Fiscalía considera que no es “necesario” ni “procedente”.
Fachada de la sede de la Fiscalía General del Estado.
Nuevo pulso entre la Fiscalía y el juez Juan Carlos Peinado por la investigación a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. El Ministerio Público ha presentado un recurso en el que se opone a la prórroga de seis meses acordada por el magistrado, que quiere extender la causa hasta abril de 2026.
El fiscal sostiene que, al tratarse de un procedimiento que puede ser juzgado por un jurado popular, no se encuentra sujeto a los plazos máximos de instrucción, por lo que considera “innecesaria” la ampliación. En su escrito, insiste en que este tipo de causas tienen “sus propias especialidades y secuencias probatorias”, conforme a la ley reguladora del jurado.
Sin embargo, el juez Peinado justificó la prórroga porque la investigación mantiene numerosas diligencias pendientes relacionadas con presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación. La extensión permitiría continuar la instrucción hasta abril de 2026, fecha cercana a la jubilación obligatoria del juez, que cumple 72 años ese mismo año. Concretamente especificó que hay “numerosas diligencias pendientes” que no pueden resolverse con el plazo actual.
La posición del Ministerio Público ha sido interpretada por fuentes jurídicas como un intento de cerrar el paso a nuevas investigaciones sobre el entorno de la esposa del presidente, precisamente en un momento en que la causa aún no ha despejado muchas incógnitas.
Barrabés recurre el tribunal del jurado
Por su parte, Juan Carlos Barrabés, empresario también investigado en la misma causa, ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid contra la decisión de transformar el procedimiento al del tribunal del jurado popular.
Su defensa admite que el delito de tráfico de influencias es competencia de este tribunal, pero rechaza que el resto de delitos —corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación— deban arrastrarse automáticamente bajo la misma fórmula. Argumenta que la incorporación de delitos conexos al procedimiento del jurado es una “excepción” y debe aplicarse de forma “restrictiva”, no expansiva.