El Supremo corrige otro error del Gobierno: las pensiones impagadas no pueden dejarte sin paro

El impago de las pensiones de alimentos por hijo constituye una forma de 'violencia económica' que, a su vez, integra una forma de 'violencia de género' tipificada en el Código Penal

(Foto de ARCHIVO) Fachada de la sede del Tribunal Supremo. 26/9/2025Europa Press

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El Tribunal Supremo ha dado un nuevo tirón de orejas al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) al dejar claro que las pensiones de alimentos reconocidas pero no cobradas no pueden contarse como ingresos a la hora de calcular si una persona tiene derecho al subsidio por desempleo. Una decisión que llega después de años de confusión administrativa que ha dejado a muchas familias en una situación límite.

El fallo, que unifica doctrina, considera que el impago de las pensiones de alimentos por hijo constituye una forma de 'violencia económica', y que, por tanto, no puede penalizarse a quien no las recibe negándole el derecho al subsidio. La sentencia, firmada por la magistrada Isabel Olmo, responde a un recurso del Estado, es decir, del propio SEPE, contra una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que había dado la razón a una madre afectada.

El caso no es menor: el SEPE calculó los ingresos de la familia sumando las pensiones de alimentos impagadas, y decidió retirarle el subsidio de desempleo alegando que superaba el 75% del Salario Mínimo Interprofesional. Para colmo, el organismo público llegó a reclamarle unos 5.000 euros, al considerar que los había cobrado 'indebidamente'.

El Supremo, sin embargo, ha sido contundente: solo deben computarse las rentas efectivamente percibidas. En otras palabras, lo que no se cobra, no puede contarse como ingreso. El alto tribunal recuerda además que la Ley 19/2021, del Ingreso Mínimo Vital, ya establece claramente que las pensiones por alimentos no abonadas no deben tenerse en cuenta.

'La pensión de alimentos, si no es abonada, no puede ser considerada una renta o ingreso computable a efectos de determinar las rentas de la unidad familiar para acceder o mantener el subsidio por desempleo', señala el Tribunal Supremo, que además rechaza exigir denuncia o demanda judicial como requisito, salvo en casos de fraude probado.

El Supremo, en definitiva, ha tenido que venir a poner orden donde el SEPE, dependiente del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, había generado más problemas que soluciones. No es la primera vez que la Justicia se ve obligada a corregir la gestión de un organismo que debería proteger a los parados, no complicarles la vida.

Mientras el Gobierno presume de 'escudo social', lo cierto es que muchas mujeres se han visto atrapadas entre la burocracia del SEPE y el impago de sus exparejas, sin poder acceder al paro que les corresponde.

El fallo también recuerda que el impago intencionado de la pensión de alimentos está tipificado en el Código Penal y que se trata de una forma de violencia de género reconocida por la propia Secretaría de Estado de Igualdad. Sin embargo, el Supremo advierte que obligar a una mujer a denunciar o demandar para poder acreditar el impago podría ponerla en riesgo, algo que el alto tribunal no está dispuesto a tolerar.

Así, el Supremo cierra la puerta a una práctica que, en plena crisis económica y con el paro en aumento, dejaba a muchas familias sin subsidio por una interpretación excesivamente rígida de la norma.

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Una sentencia que, más allá de su valor jurídico, pone en evidencia los fallos del sistema de protección social del Gobierno de Pedro Sánchez, que sigue hablando de igualdad mientras permite que la maquinaria burocrática castigue precisamente a quienes más protección necesitan.