Escándalo en Altafulla: el alcalde que espía a sus vecinos con dinero público

El alcalde de Altafulla (Tarragona), Jordi Molinera, de ERC, ha destinado cerca de 18.000 euros del presupuesto municipal a contratar detectives y despachos legales para monitorizar a vecinos que le critican.

Según la documentación que ha presentado, los contratos se realizaron entre noviembre de 2023 y diciembre de 2024 y se suman tres facturas a distintas empresas especializadas en vigilancia digital y análisis de redes sociales.

El primero de los contratos, poco después de su investidura, fue otorgado a FA Digital Law & Media Services S.L., por 6.655 euros, y la misma firma recibió otro contrato en enero de 2024 por la misma cantidad. La empresa, según su web, es una boutique legal especializada en Derecho Digital y Tecnológico, fundada en Barcelona en 2012.

Según el informe de FA Digital, 'a finales de 2023 fuimos contratados por el Ayuntamiento de Altafulla a raíz de unas amenazas y difamaciones de las cuales era víctima el alcalde'.

El documento detalla un análisis de perfiles sospechosos y la identificación de patrones de comportamiento en redes sociales que podrían constituir ciberacoso o difamación. Sin embargo, los tribunales han desestimado las denuncias hasta ahora, decretando el archivo del caso en un proceso penal paralelo.

El alcalde ha defendido la contratación alegando que sufría amenazas desde octubre de 2023, que incluían mensajes intimidatorios por WhatsApp y supuestos intentos de acceso a correos electrónicos. 'Unos pirados llevan cuatro años amenazándonos físicamente, acosando a nuestros hijos, intentando reventarnos el correo…', dijo Molinera en su momento.

No obstante, varios vecinos y políticos locales rechazan estas afirmaciones y critican al primer edil, acusándole de inflar su currículum, comportarse de forma paranoica y tener un complejo de inferioridad. Incluso le imputan influir en entidades culturales del pueblo para supuestas campañas de acoso y señalan incendios en propiedades de algunos vecinos, aunque estos extremos forman parte de las acusaciones vecinales, no de resoluciones judiciales.

Molinera sostiene que los servicios legales y de espionaje se justifican por 'amenazas durante cinco años' y defiende que todo se reduce a un conflicto de intereses políticos. 'Todo se trata de un conflicto de intereses políticos y nada más que eso', declaró el alcalde, que además afirma que los vecinos críticos han militado en algún partido político.

Contratación de detectives: ¿seguridad o control ciudadano?

En diciembre de 2024, el Ayuntamiento contrató también una empresa de detectives por 4.658 euros, supuestamente para temas de cámaras de seguridad en instalaciones municipales. Sin embargo, vecinos y la oposición sostienen que el verdadero objetivo de estos contratos era vigilar a los ciudadanos que criticaban al alcalde en redes sociales.

La oposición local denuncia que la instalación de cámaras podría estar sirviendo como encubrimiento de servicios contratados en beneficio del alcalde, y no para proteger instalaciones municipales.

En conjunto, las contrataciones realizadas por Molinera han generado un profundo malestar vecinal y un debate sobre la legalidad y la ética del gasto público en vigilancia de ciudadanos en una localidad pequeña, donde las críticas al primer edil ahora se interpretan como un riesgo que requiere espionaje profesional.