EN DIRECTO | Nuevo revés a Florentino Pérez y Almeida: otra victoria legal de los vecinos del Bernabéu

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 33 años acusado de provocar uno de los incendios forestales registrados el pasado mes de agosto en la provincia de Ourense, un fuego que arrasó más de 3.200 hectáreas. La detención se enmarca en la operación Covelo, según informó el instituto armado en un comunicado. El incendio tuvo lugar el 15 de agosto, alrededor de las 16:28 horas, en la localidad de Vilar de Condes.

El fuego se extendió por los municipios de Carballeda de Avia, Ribadavia, Melón y Ourense, alcanzando un perímetro superior a 43 kilómetros cuadrados, de acuerdo con los datos oficiales de la Xunta de Galicia. Los informes técnicos elaborados por la Guardia Civil determinaron el punto exacto de inicio y descartaron que las llamas se debieran a causas naturales.

El cuerpo policial subraya que el incendio puso en grave riesgo la vida de numerosas personas, lo que obligó a evacuar y confinar a cientos de vecinos y provocó daños estructurales en varios edificios, entre ellos cuatro viviendas. En las labores de control y extinción participaron medios terrestres, aéreos y humanos procedentes de distintas comunidades autónomas y del Estado.

El presidente del Gobierno ha insistido en que puede contabilizar algunas partidas de inversión contra el cambio climático como parte del gasto en seguridad y defensa comprometido con la OTAN, que debe alcanzar el 2% del Producto Interior Bruto (PIB) este año 2025.

Aunque no ha aclarado si hay más países europeos que le apoyan, Sánchez ha insistido en que "se puede contabilizar algunas de estas políticas" de lucha contra el cambio climático "como políticas vinculadas con la seguridad y la defensa". "Y eso es lo que está haciendo el Gobierno de España en consonancia con la Unión Europea y también con la OTAN", ha apuntado.

"El Gobierno lo tiene claro", defiende Sánchez, que pretende destinar un "13%" a partidas relacionadas con la emergencia climática y la protección civil, de los más de 10.000 millones de euros de incremento de inversión para llegar este mismo año al 2% del PIB en defensa.

El pasado abril un ciudadano reclamó información al citado Ministerio sobre el número de viajes oficiales en los que Sergio Vázquez Torrón, actual presidente de Ineco, y Ricardo Mar Ruipérez, quien fuera director de gabinete de Ábalos (julio de 2020-julio de 2021) y ahora es secretario general de Paradores, acompañaron al ministro en ese periodo. En concreto, pedía conocer si fueron desplazamientos nacionales o internacionales, las fechas de los mismos, los lugares de destino y cuál de los dos viajó con el ministro, Vázquez o Mar, o ambos.

Pocos días después, el Ministerio de Transportes denegó la información al interesado alegando que localizar todas las comisiones de servicio en las que hayan viajado en delegación las personas por la que preguntaba o en las que se haya pernoctado en un establecimiento hotelero concreto, no sólo supondría una reelaboración de la información existente para generar un informe 'ad hoc', sino que, además, "obligaría a paralizar el resto de la gestión de los sujetos obligados a suministrar la información, impidiendo la atención justa y equitativa de su trabajo y el servicio público que tienen encomendado".

Así las cosas, el ciudadano se dirigió al Consejo de Transparencia para informarle que le habían inadmitido su reclamación porque sus peticiones requerían un tiempo de elaboración "excesivo" y para adjuntarle una información similar que recibió con anterioridad del mismo Ministerio de Transportes "donde estaban todas las comisiones de servicio del exministro, abarcando un periodo de tiempo mayor".

Analizada la resolución y las alegaciones de Transportes, el Consejo que dirige José Luis Rodríguez sostiene que proporcionar la información requerida respecto a "únicamente dos altos cargos del Ministerio" y la referida a un periodo de tiempo de tres años "no puede considerarse que conlleve una compleja tarea de reelaboración, aún cuando no puedan extraerse directamente de una aplicación informática".

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Raúl Puente

Uno de los procedimientos, de reforma juvenil, se centra en la posible implicación de varias menores en los hechos, mientras que el segundo, de supervisión, tiene por objeto evaluar la actuación y posible responsabilidad de los responsables del centro educativo en el que estudiaba la víctima.

Asimismo, las mencionadas fuentes han precisado que aún no se ha recibido el atestado policial relativo a lo ocurrido y que estos expedientes constituyen las primeras medidas adoptadas por la Fiscalía para el esclarecimiento de los hechos.

Cabe enmarcar que este mismo lunes el Ministerio Público ha recibido la documentación realizada por inspección educativa de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía sobre el seguimiento del protocolo por acoso en el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla, en el que estudiaba la menor que presuntamente se suicidó por sufrir acoso escolar.

La Fiscalía ha tomado esta decisión tras informar la pasada semana de que el centro educativo no activó ni el protocolo de acoso ni de conductas autolíticas, como así estaba obligado por la normativa vigente según el organismo. En consecuencia, anunció que derivaría al Ministerio Público toda la información del caso y abriría un expediente administrativo, con los consiguientes requerimientos, para depurar las posibles responsabilidades.

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Manuela Herreros

El Ministerio de Inclusión ha decidido retirar su propuesta inicial de subida trianual de las cuotas de los trabajadores autónomos y plantea ahora un incremento más moderado, limitado únicamente a 2026. La nueva propuesta contempla la congelación de las cuotas para los tramos más bajos y aumentos simbólicos, de entre 2,5 y 14,75 euros mensuales, para el resto.

El secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, explicó que, tras las críticas surgidas dentro y fuera del diálogo social, el Gobierno opta por “dar un paso más prudente en 2026”. Así, las subidas oscilarán entre el 1 % y el 2,5 % para los autónomos con rendimientos superiores a 1.166,7 euros mensuales y hasta 6.000 euros.

Según cálculos de la asociación UPTA, estos incrementos suponen un alza mucho menor que la prevista inicialmente, que contemplaba subidas de entre 11 y 207 euros al mes. En cambio, las cuotas de la tabla reducida —para quienes ingresan hasta 1.166,7 euros mensuales— permanecerán congeladas, manteniéndose entre los 200 y los 260 euros.

Suárez subrayó que la propuesta tiene en cuenta la diversidad del colectivo autónomo, “un grupo con perfiles muy distintos”, y que el nuevo planteamiento busca alcanzar al menos un consenso para el año 2026, después de las numerosas valoraciones y críticas recibidas por la propuesta anterior, tanto de agentes sociales como de asociaciones y grupos políticos de todo el espectro parlamentario.