juicio
Una imagen histórica para la vergüenza de España: el fiscal general del Estado en el Supremo para ser juzgado
Es la primera vez que un fiscal general es juzgado mientras ejerce sus funciones en el cargo por negarse Álvaro García Ortiz a dimitir contando además con la protección del PSOE y del Gobierno de Sánchez
El fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, durante la primera jornada del juicio en el Supremo
Una escena inédita y bochornosa para el Estado de Derecho español: el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cruzando la puerta principal del Tribunal Supremo para sentarse en el banquillo de los acusados. Solo, con gesto tenso, traje oscuro y escoltado por su propio coche oficial. Una imagen que quedará grabada como símbolo de la decadencia institucional de un país al que le ha llevado Pedro Sánchez donde el máximo responsable de la Fiscalía debe responder ante la justicia.
A las 10:06 horas ha comenzado la primera sesión del juicio contra García Ortiz, acusado de revelación de secretos por supuestamente filtrar información confidencial sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Si el tribunal le declara culpable, se enfrenta a hasta seis años de cárcel, doce de inhabilitación y una multa superior a 400.000 euros.
El jefe del Ministerio Público ha llegado al Supremo a las 9:40 horas, trasladado desde la sede de la Fiscalía General en la calle Fortuny. Allí lo despidieron un grupo de fiscales, entre aplausos y silencios incómodos, mientras él optaba por no decir ni una palabra a la prensa que lo aguardaba desde primera hora. La escena, con el fiscal general del Estado entrando por la puerta de autoridades para ser juzgado en el Supremo, resume, por sí sola, la gravedad institucional del momento.
Nunca antes en democracia -ni en otros periodos de la historia de España- un fiscal general había sido juzgado mientras aún ostenta el cargo. García Ortiz lo será por haber filtrado, presuntamente, un correo electrónico confidencial enviado el 2 de febrero de 2024 por el abogado Carlos Neira. En aquel mensaje se ofrecía un pacto con la Fiscalía para que González Amador reconociera dos delitos fiscales y evitara la cárcel. El caso ha despertado un interés mediático sin precedentes: más de 200 periodistas de 59 medios se han acreditado para seguir el proceso, que se alargará previsiblemente hasta el 13 de noviembre.
La jornada de este lunes arranca con las cuestiones previas y los primeros testigos. El primero en declarar: Julián Salto, el fiscal que investigó los delitos fiscales de González Amador y remitió a García Ortiz los correos electrónicos que acabaron, presuntamente, en manos de la prensa. Tras él, Pilar Rodríguez, exjefa de la Fiscalía Provincial de Madrid -exonerada de ir a juicio- y Almudena Lastra, jefa de la Fiscalía Superior de Madrid, quien ya reconoció haber preguntado directamente al fiscal general si fue él quien filtró la información. Su respuesta, lapidaria: “Eso no importa ahora”.
La mañana concluirá con el testimonio de Diego Villafañe, hombre de confianza de García Ortiz, también investigado por pedir el expediente de González Amador. Por la tarde, declararán los jefes de prensa de la Fiscalía General del Estado y de la de Madrid, piezas clave para desentrañar cómo se redactó y difundió la polémica nota de prensa del 14 de marzo de 2024, origen de todo el escándalo.
