Comienza el juicio al fiscal general entre dudas legales: "Podría ser nulo", según algunos juristas

Este lunes marca un hito inédito en la democracia española: el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se sienta en el banquillo de los acusados por un presunto delito de revelación de secretos. El caso, que ha salpicado a figuras cercanas al poder como el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha tensado las relaciones entre el Ejecutivo y la Justicia, arranca con una sombra de irregularidad que podría invalidar todo el procedimiento. No es solo el escándalo político lo que inquieta; es el diseño mismo del juicio lo que genera sospechas de vicio de origen.

En un reciente programa emitido en redes, el juez Jesús Villegas, secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ), ha diseccionado con precisión quirúrgica este embrollo procesal. Villegas, conocido por su defensa acérrima de la independencia judicial, no se centra en la culpabilidad o inocencia de García Ortiz —un debate que deja para los tribunales—, sino en una cuestión de "derecho procesal" con "repercusión ante toda la sociedad". "En España, cuando se celebra un juicio penal por delitos que se persiguen de oficio, o sea, la gran mayoría, pues está presente no solamente los abogados de las partes, sino un fiscal, un fiscal que se denomina Ministerio Público y que representa al Estado", explica el magistrado, recordando el rol esencial del Ministerio Público.

El quid del problema radica en la estructura jerárquica de la Fiscalía, que Villegas compara con "una organización militar". En la cúspide se halla el fiscal general, quien "puede dar órdenes concretas a cualesquiera de ellos, los puede llamar a su despacho para pedirles explicaciones, incluso les puede quitar un caso que estén tramitando". Así, García Ortiz, como acusado, tendrá enfrente a un fiscal subordinado suyo. "¿Qué problema tiene esto? Bueno, pues que siempre puede quedar la duda, siempre puede quedar la sospecha de que este inferior de alguna manera esté condicionado, influido por el criterio de su superior", advierte Villegas. No se trata de acusaciones infundadas: el fiscal designado ha pedido el archivo de las actuaciones y no se suma a la acusación, lo que algunos interpretan como un alineamiento con la defensa. "Algunos dicen que este fiscal está actuando como si fuera un abogado del fiscal general del Estado", apunta el juez, aunque matiza que los fiscales deben actuar "a cargo y a descargo", obedeciendo al "principio de legalidad".

Sin embargo, la presunción de profesionalidad no basta. Villegas invoca la jurisprudencia europea —del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea— para argumentar que priman la "imparcialidad y la independencia objetivas". "Resaltemos la palabra objetiva, pues es que tiene que haber una apariencia de imparcialidad y de independencia frente a los ciudadanos", subraya. En casos análogos, estos tribunales han sentenciado que, ante "sospechas de que un tribunal o de que un fiscal puede actuar bajo presión", no se cumplen los requisitos de un proceso justo. La mera "relación objetiva de dependencia jerárquica" genera "dudas en la ciudadanía y estas dudas dañan el prestigio y la credibilidad de la institución".

El atolladero es evidente: un juicio donde el Ministerio Público parezca "condicionado" por el acusado quiebra la confianza pública. "Imagínense que recae una sentencia absolutoria, que el fiscal general del Estado resulta absuelto... ¿Cómo podemos estar seguros de que esa actuación de su subordinado... no obedezca a presiones indebidas? En realidad, no lo podemos estar", razona Villegas. De celebrarse en estas condiciones, "el juicio sería nulo porque de facto se estaría celebrando como si no hubiese fiscal". La acusación particular podría recurrir ante el Tribunal Constitucional o los foros europeos, desatando un "escenario absolutamente catastrófico, un desastre, no solamente por asuntos estrictamente legales, por el terremoto jurídico que se causaría, sino por el descrédito ante la opinión pública".

Villegas no elude el contexto político: este caso, "verdaderamente polémico", involucra "personas en la órbita del poder" y un "trasfondo" de presunta corrupción que agrava las sospechas. "No podemos mirar para otro lado, no podemos ponernos una venda en los ojos", insiste. España, como Estado miembro de la UE, no puede permitirse este "espectáculo de semejantes características", que empañaría su imagen internacional. "¿Cómo se puede explicar a un ciudadano de cualquier otro país que España es una democracia normal, que aquí funciona el estado de derecho, cuando resulta que el fiscal general del Estado, acusado de muy graves delitos en un contexto de politización y corrupción, va a ir a un juicio donde tiene enfrente a un subordinado suyo? Esto no hay cabeza en la que quepa".

Ante esta "laguna, un vacío legal" —nunca antes se juzgó a un fiscal general en activo—, Villegas propone colmarla con "principios generales del derecho". Su solución: suspender cautelarmente a García Ortiz durante el juicio, una medida que un instructor ya rechazó por falta de base expresa. No obstante, el tribunal sentenciador debe abordarlo como "cuestión previa". "Mi modesta opinión es que los principios generales del derecho permiten suspender del cargo al fiscal general del Estado mientras se celebra el juicio", concluye el juez. De lo contrario, "no se puede celebrar un juicio que reúna las mínimas garantías de justicia porque la imparcialidad está comprometida".

El empecinamiento de García Ortiz en no dimitir agrava la crisis. "Hemos llegado a esta situación por el empecinamiento del fiscal general del Estado en mantenerse en un cargo del que debería haber dimitido cuanto antes", lamenta Villegas. En tiempos de "vorágine de corrupción, de locura, de insensatez", urge que "el derecho abra puertas de la razón". El juicio arranca este lunes, pero su sombra de nulidad podría prolongar el escándalo indefinidamente. La ciudadanía, y Europa, observan.