El Ministerio de Transportes adjudicó 1,6 millones de euros a una empresa vinculada al caso Koldo
Esta adjudicación ocurrió semanas antes de las elecciones municipales de 2023 en Getafe.
Imagen de archivo de Koldo García, el exasesor del exministro José Luis Ábalos. Eduardo Parra
En abril de 2023 a pocas semanas de las elecciones municipales, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) dirigido entonces por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) bajo la dirección del ministro José Luis Ábalos, adjudicó por 1,67 millones de euros la instalación de pantallas acústicas en la autovía A-42, a la altura del barrio de La Alhóndiga en Getafe, a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Díez y Compañía, S.A. y Levantina Ingeniería y Construcción, S.L.
De los fondos europeos al caso Koldo: el proyecto del PSOE
El proyecto fue financiado íntegramente con dinero del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) procedente de los Fondos Europeos Next Generation EU. Un mecanismo extraordinario de la Unión Europea destinado a promover la recuperación económica tras la pandemia con criterios estrictos de transparencia, sostenibilidad y control del gasto.
La obra de carácter social y transformador financiada con fondos europeos en Getafe ha vuelto al centro de la atención pública. El proyecto fue impulsado bajo gestión del PSOE que terminó siendo adjudicada a una empresa que posteriormente fue relacionada mediáticamente con la trama Koldo y que hoy se encuentra en concurso de acreedores.
La conexión entre la adjudicación y la situación actual de la empresa ha generado preguntas sobre los mecanismos de control y la transparencia en el uso de los fondos europeos destinados a proyectos sociales.
Fuentes municipales sostienen que el proceso se realizó conforme a los procedimientos legales y bajo supervisión técnica, pero la controversia crece a medida que se conocen más detalles sobre la red de sociedades vinculadas al caso.
A ello se suma que el MITMA, órgano adjudicador, dependía directamente del entonces ministro José Luis Ábalos, hoy investigado en el marco de presuntos casos de corrupción y malversación de fondos públicos, lo que da mayor gravedad al contexto de la adjudicación.
El expediente 2022/8208 disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público confirma tanto la cuantía como la financiación europea del proyecto y deja constancia de que los recursos empleados provenían del programa Next Generation EU, un fondo de reconstrucción que exige niveles máximos de transparencia en su ejecución.
Una adjudicación con coincidencias políticas
La obra se formalizó el 25 de abril de 2023, apenas un mes antes de las elecciones municipales y fue ejecutada dentro del término de Getafe, municipio gobernado entonces por el PSOE bajo la alcaldía de Sara Hernández. Tanto el Gobierno central como el Ayuntamiento compartían el mismo signo político.
Aunque el MITMA ha defendido la legalidad formal del proceso, no ha explicado por qué la adjudicación se resolvió en plena precampaña electoral.
Levantina Ingeniería y Construcción: de adjudicataria habitual a empresa en concurso
Levantina Ingeniería y Construcción, S.L., con sede en Valencia, es una empresa de obra civil que ha recibido numerosos contratos públicos en toda España. En distintos informes de la UCO, la compañía ha sido mencionada en el contexto de la denominada “trama Koldo” o “trama Cerdán”, relacionada con adjudicaciones investigadas en el entorno del PSOE.
En 2024, Levantina entró en concurso de acreedores, según consta en el Registro Mercantil, tras acumular deudas pese a haber gestionado proyectos millonarios con administraciones públicas. Esta situación plantea serias dudas sobre el control de solvencia exigido a las empresas que gestionan Fondos Europeos.
No se trata solo de un procedimiento administrativo, sino de un ejemplo de cómo empresas posteriormente investigadas o en quiebra han sido beneficiarias de adjudicaciones relevantes bajo gobiernos socialistas. La adjudicación de la A-42 en Getafe financiada con fondos europeos, evidencia cómo la coincidencia política entre administraciones puede generar conflictos de percepción y dudas razonables sobre la imparcialidad en la gestión de los recursos públicos.
Durante la etapa de Rebeca Torró como consellera de Obras Públicas en el Gobierno de Ximo Puig, la empresa obtuvo al menos dos contratos por 1,6 millones de euros además de una obra en Benidorm valorada en 5,2 millones y otra en Santa Pola por 576.000 euros. En Leganés (Madrid), el ayuntamiento reconoció pagos de 2,1 millones dentro de una promoción de 16 millones gestionada por la empresa pública EMSULE.
La UCO calcula que Levantina llegó a manejar contratos públicos por más de 78 millones de euros, consolidándose como una pieza clave dentro de la presunta trama Cerdán–Ábalos. La falta de explicaciones públicas y la conexión del adjudicatario con casos mediáticos de corrupción alimentan la desconfianza ciudadana hacia la gestión del PSOE en materia de contratación y control de los fondos europeos.