Yolanda Díaz impone su Estatuto del Becario: más trabas, costes y vigilancia para las empresas
Una norma que, según el Gobierno, busca “delimitar las actividades formativas y las estrictamente laborales”, pero que en la práctica aumenta la burocracia y el control sobre las empresas.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha logrado aprobar en el Consejo de Ministros una de sus viejas promesas: el Estatuto del Becario, rebautizado como Estatuto de las personas en prácticas formativas no laborales.
El Ejecutivo celebra la medida como un “avance histórico” para dignificar las prácticas, alegando que “las personas becarias no deben ser trabajadoras low cost”. Sin embargo, la nueva regulación impone límites, costes y sanciones que podrían reducir las oportunidades de inserción laboral de los jóvenes en un país donde el paro juvenil duplica la media europea.
Más inspecciones y restricciones
El Estatuto establece que las prácticas no laborales deberán tener una vinculación directa con el plan formativo, estarán tutorizadas y no podrán sustituir funciones de un empleado. Además, cada tutor podrá supervisar solo a cinco personas, y las prácticas no podrán superar el 20% de la plantilla.
La Inspección de Trabajo reforzará su vigilancia y tendrá acceso a toda la documentación, lo que, en la práctica, supone una nueva herramienta de control sobre las empresas. Desde el Ministerio aseguran que así se evitarán los “falsos becarios”, pero el sector empresarial teme que se desincentive la oferta de prácticas ante el miedo a sanciones.
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El nuevo “show” de Díaz
Durante la presentación, Yolanda Díaz protagonizó un nuevo número mediático al leer en público varios anuncios de prácticas reales. “‘Ambiente joven y dinámico’. Traduzco: trabajar más de 12 horas”, ironizó la ministra. “‘Café gratis y buen ambiente’. Es decir, no pagan”, añadió entre risas.
La vicepresidenta segunda denunció que en España hay más de 1,6 millones de personas en prácticas, el 56% mujeres, y que muchas “trabajan sin derechos”. Sin embargo, los expertos advierten de que las medidas de Díaz podrían reducir las oportunidades de acceso al mercado laboral precisamente para ese mismo colectivo.
Los jóvenes, los grandes perjudicados
Lejos de fomentar la empleabilidad, la norma puede convertirse en otro golpe a los jóvenes. Las empresas y universidades deberán afrontar más trámites, limitaciones y riesgos de sanción, lo que dificultará la incorporación de estudiantes al mundo laboral.
Una vez más, el Ministerio de Trabajo opta por la intervención y la penalización en lugar de por los incentivos y la colaboración público-privada. El resultado previsible: menos prácticas, menos oportunidades y más paro juvenil.