Los de Feijóo ven 3 claras mentiras del ministro Torres y ya lo comparan con Santos Cerdán: “Ahora se lamenta en prisión”
El Grupo Parlamentario Popular ha registrado este martes una solicitud de comparecencia urgente del ministro Ángel Víctor Torres para que aclare su presunta implicación en la trama Koldo. Por su parte, el ministro ha negado cualquier irregularidad y defendió que su relación con los implicados fue “estrictamente institucional”.

Ángel Víctor Torres entra charlando al Congreso con Santos Cerdán.
La tormenta política que envuelve al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, arrecia. El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el ‘caso Koldo’ ha servido al Partido Popular para redoblar su ofensiva contra el Gobierno y colocar al actual ministro en el centro del tablero, acusado de haber mentido en sus explicaciones sobre su relación con los principales implicados en la trama de compraventa de mascarillas durante la pandemia.
Desde la dirección de Génova 13, el diagnóstico es tajante: “El informe acredita tres mentiras claras”. Según fuentes del PP, la Guardia Civil desmonta la versión del ministro en varios frentes.
En primer lugar, al confirmar que Torres se reunió el 15 de julio de 2020 con el empresario Víctor de Aldama, pieza clave de la trama -el “nexo corruptor”-, el mismo día en que cenó con José Luis Ábalos para tratar de “facturas” relacionadas con la empresa Soluciones de Gestión. En los anexos del informe se incluye, destacan las fuentes del PP consultadas, incluso un audio del propio Torres hablando de ese encuentro.
En segundo lugar, los populares sostienen que el ministro sí mantuvo contactos con Koldo García, exasesor de Ábalos, pese a haberlo negado públicamente: la UCO recoge conversaciones entre ambos no solo sobre mascarillas, sino también sobre el suministro de PCR y las gestiones para concertar una reunión con Pedro Sánchez, Salvador Illa y el propio Ábalos.
El PP interpreta estos hallazgos como prueba de una implicación mucho más profunda de la que el ministro ha reconocido. “Mintió con descaro en sede parlamentaria”, insisten a ESdiario desde el entorno de Feijóo, que subrayan además que Torres habría mantenido trato directo con Ignacio Díaz Tapia, socio de Aldama. En Génova van más allá y acusan al ministro de haber beneficiado a la trama al facilitar un informe favorable sobre mascarillas que previamente habían sido descalificadas como “non medical”. Una decisión que, según los populares, “puso en riesgo la salud de los canarios con fondos europeos”.
Con ese diagnóstico, el PP ha registrado una solicitud de comparecencia urgente del ministro en el Congreso y advierte de que la investigación apenas ha empezado a mostrar “la superficie del problema”. En un tono más duro, dirigentes del partido han deslizado que ni Torres ni la expresidenta balear Francina Armengol pueden estar tranquilos, y fuentes de la máxima solvencia de la dirección nacional del PP proponen como ejemplo el de Santos Cerdán, “que se relajó… y ahora se lamenta en prisión”.

Francina Armengol y Ángel Víctor Torres junto a María Jesús Montero en un acto de UGT.
El ministro Torres se defiende de todas las acusaciones del PP
Torres trató de contener la ofensiva con una comparecencia extraordinaria en la sede de su ministerio. Con gesto serio y sin aceptar preguntas, defendió su gestión al frente del Gobierno de Canarias durante la pandemia y negó cualquier irregularidad. “Mi relación con él se mantuvo cuando fue miembro de ese ministerio, ni antes ni después. Fue una relación entre instituciones”, afirmó.
Bajo este contexto, el ministro reprochó al PP su lectura interesada del informe y recordó que “en ninguna de sus páginas hay comisiones que yo haya solicitado, ni nadie del Gobierno de Canarias, no hay mordidas, no hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente", ha recalcado el ministro de Sánchez.
Más aún, incide en que “la UCO traslada ese informe a la autoridad judicial. A diferencia de otros informes de la UCO, no hay ningún añadido ni párrafo en el que la UCO demande y pida que haga una investigación a nadie del Gobierno de Canarias o a mí. En ninguna de las páginas y párrafos hay afirmaciones, no hay ninguna actuación delictiva del Gobierno que tuve el honor de presidir”.