La Fiscalía pide mantener en prisión a CryptoSpain por riesgo de fuga y destrucción de pruebas

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se mantenga en prisión provisional a Álvaro Romillo, conocido como CryptoSpain, el empresario acusado de haber entregado 100.000 euros al eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez y de dirigir una supuesta estafa piramidal mediante la plataforma de inversión en criptoactivos Madeira Invest Club (MIC). En la comparecencia celebrada en la Audiencia Nacional, la fiscal Mar Scharfhausen ha argumentado que persisten las razones que motivaron su encarcelamiento: el peligro de fuga y el riesgo de que se eliminen pruebas.

La acusación popular, ejercida por Zaballos Abogados, se ha sumado a la postura del Ministerio Fiscal. Ha destacado que todavía hay siete millones y medio de euros en criptomonedas a los que Romillo podría acceder y que no han sido localizados, y que queda por rastrear el destino de importantes sumas de dinero que el empresario, conocido como ‘Cryptospain’, podría controlar si saliera en libertad.

La breve audiencia, que arrancó a las 11.00 horas y duró unos treinta minutos, fue ordenada por la Sala de lo Penal para resolver el recurso interpuesto por Romillo contra la decisión de enviarlo a prisión dictada el pasado 7 de noviembre.

Una presunta organización criminal liderada por CryptoSpain

El juez José Luis Calama, instructor del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, ordenó el ingreso en prisión provisional sin fianza de Romillo al día siguiente de su detención, con el fin de impedir que pudiera eludir la acción de la Justicia y garantizar su presencia en la investigación.

En su auto, Calama apuntó a la existencia de una “organización criminal creada y dirigida” por el empresario, después de detectar una cuenta en Singapur con 29 millones de euros relacionada con él. El magistrado insistió en el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, recordando que los delitos imputados pueden conllevar penas superiores a dos años de cárcel y afectan a miles de inversores.

Según la resolución, un total de 3.062 personas resultaron afectadas por las actividades de MIC, de las cuales 2.976 invirtieron 185.511.947,76 euros. El juez subrayó que los fondos aportados por los inversores no se empleaban en la adquisición o inversión en criptomonedas, sino que se derivaban a otras cuentas relacionadas con la red societaria que presuntamente manejaba Romillo.