Otro delito castigado con cárcel acorrala a Begoña Gómez: el juez Peinado pregunta si cometió intrusismo

Begoña Gómez podría sumar a la larga lista de delitos que le imputan - tráfico de influencias, corrupción, apropiación indebida y malversación- el de intrusismo profesional, que está penado en el Código Penal. El juez Juan Carlos Peinado ha puesto el foco ahora en un extremo tan delicado como devastador: si la mujer de Pedro Sánchez actuó como una profesional sin serlo, o lo que es lo mismo, si cometió delito de instrusismo.

En concreto, el juez Peinado ha exigido a la Universidad Complutense de Madrid que le detalle cuántas personas sin titulación superior han firmado pliegos técnicos de contratación, un movimiento que apunta directamente a la actividad de Begoña Gómez en la cátedra que codirigía. El objetivo es claro: confirmar si la firma de la mujer de Pedro Sánchez en esos documentos pudo constituir intrusismo profesional, un delito recogido en el Código Penal con penas de multas de 12 a 24 meses e incluso de cárcel de 6 meses a 2 años si el intruso ha ejercido públicamente o ha dado servicio al público sin tener la capacitación.

En una providencia enviada a la Universidad Complutense, el juez Peinado reclama un informe urgente que aclare quién ha estampado su rúbrica en pliegos de condiciones o prescripciones técnicas sin contar con la formación exigida, especialmente en procesos de adjudicación de contratos públicos. Un paso decisivo para determinar si Begoña Gómez actuó donde no debía y, sobre todo, si cometió un delito más que se le podría imputar, el de intrusismo profesional.

El juez Peinado también ha reiterado su solicitud a la Asociación Española de Abogados del Estado para que especifique qué requisitos académicos son imprescindibles para elaborar esos pliegos. El magistrado considera este informe esencial para delimitar si la participación de Begoña Gómez encaja en un presunto delito de intrusismo o si, por el contrario, no tendría relevancia penal. Mientras tanto, la defensa de la mujer de Pedro Sánchez insiste en lo mismo: que firmó porque la Universidad Complutense se lo pidió. El magistrado quiere comprobar si esa versión basta para blindarla o si la convierte, precisamente, en responsable de haber asumido funciones que no le correspondían.