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PP y Vox llevan al Parlamento un plan para frenar los contratos de Huawei en España

Los dos partidos advierten de que suponen un “alto riesgo” para la seguridad nacional y exigen al Gobierno explicaciones sobre los convenios con la firma china. Plantean prohibir nuevos contratos y auditar los existentes

Stand de Huawei en la feria Viva Tech, en París

Stand de Huawei en la feria Viva Tech, en ParísJulien Mattia

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Mariola López

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El debate sobre la ciberseguridad y la soberanía tecnológica en España ha saltado de los despachos al Parlamento. Los grupos de Partido Popular (PP) y Vox han presentado una batería de iniciativas para frenar los contratos públicos con la multinacional china Huawei, y advierten de que seguir adelante con ellos sería un “riesgo inasumible” para el Estado.

Los portavoces de la oposición han advertido que el acuerdo del Ministerio del Interior para que Huawei almacene las escuchas judiciales del sistema SITEL —valorado en más de 12 millones de euros— compromete la seguridad de datos sensibles. El PP describe ese contrato como una “grave temeridad” y subraya que la empresa china está calificada por la Comisión Europea como un “proveedor de alto riesgo”.

Según los populares, la decisión del Gobierno supone una “dependencia crítica” hacia una firma sujeta a leyes del país de origen —lo que podría facilitar espionaje o fugas de información clave—, algo que ya generó alertas en los informes oficiales de seguridad nacional.

Por su parte, Vox ha pedido un veto explícito a cualquier proveedor chino en redes 5G e infraestructuras sensibles: consideran incompatible con la soberanía española depender de empresas bajo la influencia del Estado chino.

Revisión por el Tribunal de Cuentas

Además del rechazo técnico y político, los dos partidos plantean que todas las adjudicaciones realizadas a Huawei en los últimos cinco años sean revisadas por el Tribunal de Cuentas, con especial atención a los contratos relacionados con datos judiciales, redes críticas o infraestructura pública.

El Ejecutivo, por su parte, ha intentado desactivar la polémica. Fuentes oficiales defienden que los sistemas de almacenamiento contratados “no suponen riesgo alguno” porque los datos estarían custodiados exclusivamente por fuerzas de seguridad, sin acceso directo para Huawei.

Sin embargo, esa defensa choca con las recientes recomendaciones de la UE, que en noviembre de 2025 anunció una revisión general de los contratos nacionales con Huawei en “sectores críticos”, recordando que la empresa —junto con otra firma china, ZTE— ha sido identificada como de alto riesgo en materia de ciberseguridad.

La ofensiva parlamentaria de PP y Vox pretende dejar claro que, más allá de ideologías, lo que está en juego es la seguridad del Estado. Buscan blindar futura contratación, revisar la existente y garantizar que ningún proveedor con vínculos internacionales comprometa la confidencialidad de los datos judiciales, policiales o administrativos.

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