Los problemas de acoso sexual en el PSOE vienen de lejos: el caso del secretario general de Huelva

El dirigente socialista, Ignacio Caraballo, que presidió la Diputación y fue secretario general del PSOE de Huelva hasta 2020, enfrentó en apenas dos años una denuncia de presunto acoso sexual y laboral presentada en octubre de 2020 y un procesamiento en 2019 por el caso Aljaraque, donde se investigaba la presunta oferta de cargos a concejales para frenar una moción de censura. La reacción del PSOE, discreta y tardía, estuvo marcada por el silencio y la ausencia de medidas disciplinarias visibles.

Acusación por presunto acoso sexual y laboral

El 29 de octubre de 2020 trascendió que una exasesora de la Diputación de Huelva había presentado una denuncia por presunto acoso sexual y laboral contra el dirigente socialista. La denuncia, admitida a trámite por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Huelva, describía episodios de trato inapropiado y conductas que la denunciante consideraba intimidatorias dentro del entorno profesional.

Caraballo presentó ese mismo día su dimisión de la Diputación y de la jefatura del PSOE de Huelva, argumentando oficialmente que obedecía a “motivos personales”.

La reacción del PSOE

La postura adoptada por el PSOE, fue lenta, discreta y limitada a asumir la dimisión. No hubo comunicados detallando medidas internas, ni suspensión de militancia, ni aplicación pública de protocolos de prevención o apoyo a la denunciante. La dirección provincial y la regional se limitaron a expresar respeto por la decisión del dirigente y por el proceso judicial. Desde Ferraz tampoco se produjo ningún pronunciamiento amplio ni se informó de actuación disciplinaria concreta.

Protección reforzada para la denunciante

Aunque la denuncia por presunto acoso sexual y laboral fue archivada en julio de 2021, la jueza decidió mantener y reforzar las medidas de protección para la mujer que había denunciado, siguiendo las recomendaciones de un informe policial que evaluaba el riesgo existente.

La Policía había realizado una valoración detallada sobre la relación previa entre ambas partes, el posible riesgo de represalias, el impacto emocional en la denunciante y la posibilidad de coincidencias en espacios comunes. Ese análisis concluyó que debía mantenerse una protección activa, y el juzgado adoptó medidas destinadas a evitar cualquier situación de vulnerabilidad.

La resolución judicial no detalló públicamente todas las medidas por razones de seguridad, pero sí trascendió que se buscaba impedir el contacto directo y evitar coincidencias físicas en entornos profesionales, además de activar mecanismos de alerta ante cualquier incidente. Paralelamente, la Policía quedó encargada de un seguimiento periódico del caso, con la obligación de informar al juzgado si se producía cualquier cambio en el nivel de riesgo. 

Procesado por el caso Aljaraque y blindado por el PSOE

Este episodio no fue el único frente judicial relevante para el dirigente. Un año antes, en 2019, Caraballo afrontaba el avance del conocido caso Aljaraque, una investigación sobre la presunta oferta de cargos públicos a dos concejales de Sí se Puede Aljaraque a cambio de que modificaran su posición en una moción de censura que amenazaba al alcalde socialista del municipio. La causa se abrió en 2017 y tras varias fases de instrucción, la Audiencia Provincial de Huelva confirmó el procesamiento el 17 de octubre de 2019, obligando a continuar hacia juicio oral por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Pese a la relevancia del procesamiento, el PSOE no apartó a Caraballo ni anunció medidas sancionadoras, y el dirigente continuó ejerciendo sus cargos con normalidad hasta la denuncia de presunto acoso de 2020.