Un millón en sobornos, un chalet para Ábalos y reuniones en tres ministerios: la UCO estrecha el cerco sobre el sanchismo

Un informe de 182 páginas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, remitido este jueves al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, vuelve a arrojar luz sobre una de las piezas más comprometedoras del llamado caso de los hidrocarburos.

Según el documento, los investigadores sostienen que la organización criminal vinculada a la operadora Villafuel SL y liderada presuntamente por los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas gastó aproximadamente un millón de euros en contraprestaciones ilícitas para influir en decisiones de altos cargos públicos y acelerar la concesión de una licencia estratégica para operar en el mercado mayorista de hidrocarburos.

Los agentes de élite del Instituto Armado describen una estrategia en la que se utilizaron empresas instrumentales y pagos ilegales con el objetivo de “comprar la voluntad” del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, así como de otros responsables administrativos, incluidos altos cargos vinculados a los ministerios de Industria, Comercio y Turismo y de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Un chalet en La Alcaidesa como presunto soborno

El informe detalla cómo parte de ese millón de euros se destinó a la compra de un chalet en La Alcaidesa (Cádiz) que, según los investigadores, habría ido destinada a Ábalos como contraprestación por su mediación a favor de Villafuel .

El documento incluye conversaciones interceptadas entre personas relacionadas con la trama en las que se hace referencia a la percepción de que, tras la adquisición de la vivienda, se activaron decisiones favorables: «Hijo puta el putero. Ha sido pilar la casa y le ha dado al botoncito» , recoge textualmente una de estas comunicaciones analizadas por la UCO.

El informe subraya que la elección de la vivienda se produjo tras un proceso en el que participó activamente el entonces asesor de Ábalos, Koldo García, quien remitió a los líderes de la trama diversos enlaces de propiedades en venta, entre las cuales figuraba la futura vivienda que acabaría en manos del exministro.

Según la investigación, Ábalos disfrutó de la casa entre julio y noviembre de 2021, bajo un contrato de arrendamiento que los agentes califican de “instrumental”, del que solo se abonó la primera mensualidad y la fianza, sin que el resto de pagos se hubieran satisfecho.

Pagos encubiertos a los implicados

Además del chalet, parte de ese millón también se habría destinado a pagos al propio Víctor de Aldama, quien recibió cientos de miles de euros a través de una mercantil vinculada a la operación, como contraprestación por su intermediación con Ábalos y su posterior integración en la estructura de la trama.

El informe policial destaca también pagos a Koldo García, que constantes como nóminas y adelantos ligados a un contrato de consultoría que, según la Guardia Civil, podría haber sido “instrumentalizado” para encubrir una remuneración vinculada a su influencia sobre el proceso de concesión de la licencia que la organización perseguía. 

Infiltración en varios ministerios

Los agentes recalcan que la red no solo actuó en el entorno del Ministerio de Transportes bajo la etapa de Ábalos, sino que sus tentáculos llegaron a las cúpulas de Industria, Comercio y Turismo y de Transición Ecológica y Reto Demográfico, identificando “indicios bastantes” de posible penetración en los niveles directivos de esas carteras para influir en la resolución administrativa que beneficiaría a la operadora investigada, incluso cuando esta no cumplió los requisitos legales exigidos.

Conexiones y mediaciones previas

Otro elemento relevante incluido en el informe es la carta que Ábalos envió el 26 de julio de 2019 al entonces presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en la que le ofrecía apoyo institucional y empresarial y designaba a Víctor de Aldama como “persona de enlace” entre ambos. Para la UCO, este documento —integrado en el mismo expediente— evidencia que la relación de confianza entre el exministro y Aldama ya existía antes de las gestiones vinculadas a Villafuel.

Un caso que supera lo estrictamente empresarial

El informe describe cómo la organización criminal se había desarrollado, además de la estructura de empresas para cometer delitos contra la Hacienda Pública , otra red de mercantiles utilizada para blanquear los capitales procedentes de sus actividades ilícitas , todo ello en un contexto en el que se habrían gestionado contactos y reuniones formales en diversos ministerios a través de intermediarios políticos, levantando las sospechas de tráfico de influencias y cohecho.

La documentación aportada al juez Santiago Pedraz no solo profundiza en el entramado de pagos y favores, sino que también amplía la dimensión de una investigación que ya había puesto en el punto de mira a figuras del entorno del PSOE y del Gobierno —sin que por el momento se haya demostrado responsabilidad penal firme de todos los implicados—.

El nuevo informe de la UCO plantea ahora ante la Audiencia Nacional un cuadro de posibles intercambios económicos y favores institucionales que, de confirmarse, podrían impactar de lleno en la percepción pública sobre la relación entre la política y determinados intereses empresariales.