Sánchez le monta un chiringuito a Baltasar Garzón para reescribir la historia de España y repartir subvenciones

Pedro Sánchez vuelve a utilizar la llamada “memoria democrática” como palanca política y esta vez lo hace levantando un nuevo órgano a la carta, con nombres muy concretos y un objetivo nada disimulado: reescribir el relato histórico desde el BOE y repartir subvenciones. En concreto, el Gobierno ha constituido el Consejo de la Memoria Democrática, un organismo consultivo que nace bajo la presidencia del ministro Ángel Víctor Torres y que incluye entre sus miembros a Baltasar Garzón, el juez inhabilitado estrella del sanchismo memorialista, y a Cristina Almeida.

El Consejo de la Memoria Democrática se presenta oficialmente como un órgano técnico para el seguimiento del plan plurianual de exhumaciones y políticas de memoria, pero su composición y funciones revelan algo más profundo: la institucionalización de una visión ideológica del pasado. Baltasar Garzón, figura recurrente en los proyectos simbólicos del sanchismo, vuelve a escena como garante moral de una ley que divide más de lo que une y que el Ejecutivo de Pedro Sánchez utiliza como cortina de humo con el comodín de Franco y para dar ayudas a los suyos.

El nuevo órgano no solo informará el Plan de Memoria Democrática, sino que también elaborará informes, recomendaciones y dictámenes sobre subvenciones, ayudas y actuaciones de asociaciones memorialistas. Es decir, el mismo entorno ideológico que impulsa la ley será quien asesore, evalúe y valide su aplicación. Un circuito cerrado donde el pluralismo brilla por su ausencia y donde Baltasar Garzón aparece como uno de los referentes intelectuales del proyecto junto a Cristina Almeida y sindicatos y asociaciones de izquierda.

Desde el Ministerio de Ángel Víctor Torres se insiste en que los miembros del Consejo de la Memoria Democrática no cobrarán retribución alguna, pero sí podrán acceder a archivos y fondos documentales públicos y privados. Un detalle nada menor: el control del relato histórico pasa también por el acceso privilegiado a la documentación, siempre bajo el paraguas de una ley diseñada por el propio Gobierno. La neutralidad, de nuevo, queda en entredicho. Especialmente controvertida es la creación de una comisión específica sobre violaciones de derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura, integrada por “personas independientes y de reconocido prestigio”. Sin embargo, la selección dependerá del propio Consejo, dominado por el Ejecutivo y por perfiles claramente alineados con la visión gubernamental como Baltasar Garzón. La independencia, una vez más, queda en manos de quien diseña el campo y nombra a los árbitros.