Tensión en el Consejo de la Guardia Civil: "Nos tratan como basura"

El Salón de Plenos del Consejo de la Guardia Civil se convirtió en escenario de un enfrentamiento verbal cargado de simbolismo jerárquico durante una reciente sesión. Eugenio Nemiña, Secretario Jurídico Nacional de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), pronunció unas palabras que resonaron con fuerza: "Nos tratan como basura". 

La expresión, lejos de ser un arrebato improvisado, reflejaba años de frustración acumulada por lo que la asociación describe como una exclusión sistemática de los representantes de los agentes en materias clave de seguridad laboral.La reacción de la Directora General, Mercedes González, fue inmediata. Según fuentes de la AUGC, González mostró indignación ante el término utilizado y solicitó que Nemiña se retractara, proponiendo incluso que la frase fuera eliminada del acta oficial de la reunión. Sin embargo, el representante de la asociación mantuvo su posición, negándose a retirar las palabras en un gesto que la AUGC califica de "acto de dignidad" ante el "sufrimiento del colectivo".

El origen del conflicto se remonta a la negativa de la Administración a permitir la participación efectiva de los guardias civiles en la elaboración de normativas de prevención de riesgos laborales. La AUGC había solicitado formalmente acogerse a los artículos 33, 36 y 37 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que regulan la consulta y participación de los trabajadores. La respuesta del Mando de Personal, amparada en la Ley 29/2014 y el Real Decreto 785/2022, fue considerada por la asociación como un "portazo burocrático": un escrito que califica la información proporcionada como "exclusivamente orientativa", sin conceder certeza jurídica ni diálogo real.

Esta evasiva administrativa, según la AUGC, no es un caso aislado, sino parte de una "letanía de agravios" que afecta al día a día de los agentes. Entre las quejas destacadas figuran la falta de medios adecuados en operaciones contra el narcotráfico, la ausencia de reconocimiento como profesión de riesgo, a diferencia de otros cuerpos policiales, la obligación de trabajar un mes más al año que los miembros de la Policía Nacional, la aplicación del Código Penal Militar como herramienta disuasoria para el ejercicio de derechos, y las trabas al voto telemático desde las unidades.

La asociación sometió la respuesta oficial de la Administración a un análisis mediante inteligencia artificial, cuyo resultado, descrito como "demoledor", apunta a una vaguedad deliberada para evitar conceder derechos. La AUGC ha compartido públicamente este estudio para visibilizar lo que denomina "ninguneo institucional".

A pesar de la confrontación, el tono del comunicado de la AUGC no busca el enfrentamiento permanente. Dirigiéndose directamente a Mercedes González, la asociación extiende "una vez más" la mano al diálogo: "No queremos tener razón, queremos dejar de tenerla". Piden una reunión sin "filtro de galones" para discutir la protección de los agentes conforme a la ley, insistiendo en que la dignidad y la vida de los guardias civiles "no pueden esperar ni un minuto más".

Este episodio pone de manifiesto las tensiones latentes en el Consejo de la Guardia Civil, un órgano diseñado para dar voz a los trabajadores pero que, según las asociaciones profesionales, a menudo refuerza la jerarquía sobre el debate abierto. La AUGC, mayoritaria entre la escala de cabos y guardias, reitera su compromiso con la mejora de condiciones, recordando que los agentes no buscan ser "números desechables", sino servidores públicos esenciales tratados con el respeto que merecen.