Almeida permite circular en 2026 a los coches sin etiqueta de residentes en Madrid
El Ayuntamiento prorroga un año más la moratoria para vehículos sin distintivo ambiental siempre que pertenezcan a empadronados en la capital, una medida muy reclamada por los madrileños y que refuerza la gestión municipal
Un vehículo con etiqueta medioambiental B de la DGT
Los vehículos sin etiqueta medioambiental de la DGT podrán seguir circulando por Madrid durante todo 2026, siempre que pertenezcan a residentes empadronados en la ciudad, según ha confirmado el Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida. La medida no se extiende a conductores de fuera de la capital y se limita exclusivamente a los vecinos madrileños.
La decisión supone una prórroga de la moratoria que expiraba el 31 de diciembre de 2025 y responde a una de las demandas más repetidas por los ciudadanos afectados por las restricciones de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). El Consistorio mantiene así el criterio de flexibilidad con los residentes, mientras continúa restringiendo el acceso a los vehículos más contaminantes procedentes de otros municipios.
Desde el área de Movilidad, el Ayuntamiento ha defendido que el impacto real de estos coches en la calidad del aire es limitado, dado que el parque de vehículos sin etiqueta propiedad de residentes representa un porcentaje reducido del tráfico total de la ciudad. Además, Madrid lleva varios años cumpliendo los límites de contaminación fijados por la normativa europea.
El equipo de Gobierno de Almeida subraya que la medida busca una transición ambiental justa, evitando que miles de madrileños se vean obligados a cambiar de coche de manera ante la delicada situación económica. En paralelo, el Ayuntamiento mantiene las ayudas al achatarramiento y a la renovación del parque móvil, con incentivos para sustituir vehículos antiguos por otros menos contaminantes.
Críticas de la oposición
La prórroga ha sido bien recibida por muchos vecinos, que consideran que las restricciones anteriores penalizaban de forma desproporcionada a residentes que utilizan el coche para trabajar o para desplazamientos cotidianos dentro de la ciudad.
Frente a las críticas de la oposición, el Gobierno municipal insiste en que no se trata de dar marcha atrás en la política medioambiental, sino de compatibilizar sostenibilidad y realidad social, priorizando a quienes viven y pagan impuestos en Madrid.