¡Menudo morro! Ábalos reclama recuperar sus derechos como diputado… incluyendo el sueldo
El exministro solicita a la Mesa del Congreso que le devuelva su estatus parlamentario mientras espera resolución del Supremo, una petición que incluye voto, prerrogativas y la retribución económica que percibe cualquier diputado
El ex ministro José Luis Ábalos con su entonces asesor, Koldo García
José Luis Ábalos, exministro y exsecretario de Organización del PSOE, ha presentado un escrito ante la Mesa del Congreso de los Diputados reclamando la restitución de sus derechos como parlamentario mientras se resuelve su recurso ante el Tribunal Supremo sobre su prisión provisional. La petición incluye el derecho a voto, participación en comisiones y la retribución económica, algo que ha desatado críticas políticas y comentarios de incredulidad en redes.
En la actual legislatura, Ábalos como diputado del Congreso percibía un salario neto que ascendía a 5.581,90 euros por 14 pagas. El ex ministro socialista, de prosperar su solicitud, recuperaría estas asignaciones mientras sigue pendiente de resolución judicial.
La Mesa del Congreso decidió en diciembre suspender los derechos y prerrogativas de Ábalos tras la confirmación de su procesamiento por delitos relacionados con organización criminal y cohecho, como parte del denominado “caso Koldo”. Esta suspensión incluía la pérdida de su remuneración y cobertura social, como marca el reglamento parlamentario para diputados procesados y en prisión provisional.
De 350 a 349 diputados
En su escrito al órgano de gobierno de la Cámara, Ábalos denuncia que la decisión de suspenderle de sus funciones parlamentarias fue tomada con “precipitación y premura” y que vulnera principios democráticos fundamentales. Según él, la pérdida del derecho al voto, la asignación económica y las cotizaciones a la Seguridad Social “priva de representación legítima a quienes me votaron en Valencia” y altera la composición del hemiciclo, que pasa de 350 a 349 diputados.
La reclamación de Ábalos puede interpretarse como un intento de prolongar beneficios y estatus institucional mientras permanece en prisión preventiva, una postura que ha suscitado críticas tanto en la oposición como entre sectores de su propio partido. Su petición reabre el debate sobre la compatibilidad entre la representación democrática y la responsabilidad penal, y cuestiona la coherencia ética de reclamar un sueldo público en estas circunstancias.
Por ahora, la Mesa del Congreso estudiará la solicitud, que sin duda mantendrá la polémica sobre los límites de los derechos parlamentarios de diputados sometidos a procesos judiciales de máxima gravedad.