La amiga de Sánchez encargada de la Casa Árabe niega corrupción mientras el informe oficial destapa un agujero millonario

La exdiputada socialista Irene Lozano, estrechamente vinculada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado de forma tajante que su gestión como directora general de Casa Árabe —cargo que abandonó el pasado mes de febrero— presente “ni una sola traza de corrupción” y ha asegurado que está dispuesta a acudir a la Justicia para defender su reputación si fuera necesario.

Lozano ha reaccionado así, a través de un comunicado publicado en su perfil de LinkedIn, a la decisión de la Comunidad de Madrid de retirar su financiación a Casa Árabe y a las críticas procedentes del Ayuntamiento de Madrid tras conocerse un informe del Tribunal de Cuentas sobre la entidad correspondiente a los ejercicios de 2023 y 2024.

“Ni en este mundo ni en ningún otro voy a tolerar que se sugiera una traza de corrupción en mi trayectoria”, afirma Lozano, quien atribuye los “insultos injustos y arbitrarios” recibidos a dos motivos: su condición de mujer y el hecho de haber sido la autora de las memorias de Pedro Sánchez, una relación personal y política que vuelve a situar al entorno del presidente bajo el foco de la polémica.

El informe del Tribunal de Cuentas, sin embargo, dibuja un escenario muy distinto al que describe la exdirectora. El órgano fiscalizador advierte de la crítica situación financiera de Casa Árabe, con resultados negativos recurrentes cercanos al millón de euros anual, gastos de gestión superiores a los 3,2 millones en 2023 y 3,3 millones en 2024, y una supervivencia sostenida únicamente gracias al uso del remanente de tesorería.

Además, el Tribunal alerta de que la entidad carece de un sistema completo y estructurado de control interno, así como de debilidades y deficiencias en la organización del personal, los procedimientos y la gestión económico-financiera, una descripción que cuestiona de lleno la gestión de la etapa en la que Lozano estuvo al frente del organismo.

Lejos de asumir responsabilidades, la exdiputada socialista ha optado por desviar el foco político, culpando a los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 del déficit estructural de Casa Árabe y calificando de “decisión política” la salida del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso del consorcio. Según Lozano, la institución “ha vivido más años con déficit que sin él” desde su creación en 2006.

En su defensa, Lozano sostiene que el Tribunal de Cuentas no ha puesto objeciones a las cuentas aprobadas y que cuando habla de “irregularidades” se refiere únicamente a actuaciones “inhabituales”, no a prácticas corruptas. Una explicación que llega mientras el propio informe oficial cuestiona la viabilidad futura de la entidad.

La exdirectora ha enumerado tres decisiones que, según afirma, la alejaron de las prácticas de sus predecesores: la venta del coche oficial para reducir gastos, la conversión en indefinidos de una decena de profesores que operaban como “falsos autónomos” y la contratación de personal especializado en la captación de fondos europeos.

Finalmente, Lozano ha asegurado haber propuesto soluciones al déficit, como el cierre de una de las sedes de Casa Árabe —Madrid o Córdoba— y la elaboración de un plan de viabilidad, aunque estas medidas no evitaron ni el deterioro financiero ni la retirada de apoyos institucionales.

El caso vuelve a situar en el centro del debate la red de cargos y personas próximas a Pedro Sánchez, que, una vez más, se ven obligadas a salir al paso de informes oficiales que cuestionan su gestión mientras el presidente guarda silencio y el deterioro de las instituciones públicas continúa acumulándose bajo su mandato.