Zapatero, a la desesperada, quiere borrar el comprometedor informe de la UDEF sobre sus actividades en Bolivia

José Luis Rodríguez Zapatero sigue intentando desmontar pieza a pieza una investigación que hasta ahora no ha conseguido frenar en los tribunales. Después de recurrir contra distintas diligencias e incluso de intentar anular las pesquisas que le afectan, el expresidente del Gobierno abre un nuevo frente para limitar el alcance de la causa: ha acudido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra el comprometedor informe de la UDEF que ha puesto bajo la lupa sus actividades en Bolivia.

El movimiento supone, además, insistir por una vía superior después de no convencer al instructor. Zapatero ha presentado un recurso de apelación después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama se negara a reconsiderar su decisión sobre las pesquisas de la UDEF. Su objetivo es que el informe policial quede fuera del procedimiento al considerar que procede de una investigación general sobre su vida y de una intromisión ilegítima en su intimidad.

Zapatero está investigado por un presunto delito de tráfico de influencias en relación con Plus Ultra, pero su defensa sostiene que la derivada boliviana se encuentra fuera del perímetro de esa causa. En concreto, las pesquisas han puesto el foco en un posible cobro de 200.000 euros por influir ante las autoridades de Bolivia en beneficio de un grupo empresarial. Una sospecha que el expresidente rechaza y que considera fruto de información obtenida en los registros que no debía haber sido utilizada para abrir nuevas líneas de investigación.

Ahí se encuentra el núcleo de su ofensiva. Según el recurso, la UDEF utilizó información de inteligencia financiera para analizar durante cinco años los movimientos de una cuenta de Zapatero en el Banco Santander, llegando a detallar 174 transferencias procedentes de once pagadores. Su defensa denuncia que buena parte de esas operaciones no guardaba relación con Análisis Relevante o Julio Martínez, que constituían entonces el objeto de las pesquisas, y acusa a la Policía de realizar una "prohibida 'inquisitio generalis'".

Entre esos movimientos aparecen precisamente los importes recibidos de Focus Social Research relacionados con Bolivia. Zapatero sostiene que la UDEF ha llevado a cabo una "indagación prospectiva" sobre actividades profesionales respecto de las que no existía previamente sospecha alguna y reclama que ese material sea expulsado del procedimiento. La última palabra la tendrá ahora la Sala de lo Penal, después de que Calama haya rechazado reconsiderar el uso de esas pesquisas.

Una batalla judicial que hasta ahora no ha frenado la causa

El recurso por Bolivia se suma a una estrategia con la que Zapatero ha intentado combatir diferentes piezas de la investigación sin conseguir, hasta el momento, desmontar las principales diligencias que le afectan. Calama ha rechazado sus objeciones contra el análisis policial de sus cuentas y también ha descartado sus argumentos para apartar la derivada boliviana. Uno de los golpes más importantes llegó el pasado 4 de septiembre, cuando el magistrado rechazó su pretensión de declarar la nulidad de la investigación, descartando que se hubieran vulnerado sus derechos fundamentales.

Su situación procesal, por tanto, no ha cambiado: Zapatero continúa investigado por un presunto delito de tráfico de influencias dentro de las pesquisas que dirige la Audiencia Nacional en torno a Plus Ultra, sin que exista condena ni los hechos estén probados. Mientras la investigación continúa abierta, el expresidente socialista mantiene su ofensiva procesal para reducir su alcance y lleva ahora ante la Sala de lo Penal uno de los frentes más comprometidos: el que examina sus actividades en Bolivia y el posible cobro de 200.000 euros.