La Asociación de Fiscales exige transparencia a Teresa Peramato por la vuelta de García Ortiz tras su condena

La Asociación de Fiscales (AF) ha reclamado a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que haga público el decreto por el que se acuerda el reingreso de Álvaro García Ortiz —su predecesor en el cargo— a la carrera fiscal, al considerar que se trata de una decisión que trasciende el ámbito interno del Ministerio Público y afecta directamente al interés general.

En una carta remitida a Peramato, la asociación mayoritaria de fiscales subraya que dicho decreto debe contener la motivación exigible a cualquier resolución administrativa o judicial, una obligación que, recuerdan, se intensifica cuando se adoptan decisiones discrecionales para evitar cualquier atisbo de arbitrariedad.

La AF insiste en que esa motivación debe atender a la gravedad y a la dimensión del delito cometido por García Ortiz, condenado a dos años de inhabilitación exclusivamente para el cargo de fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos. Un comportamiento que, según la asociación, no solo supuso una infracción del ordenamiento jurídico, sino que fue cometido por quien tenía la obligación constitucional de preservarlo, quebrantando el deber de reserva inherente a sus funciones.

Pero la crítica va más allá. Para la Asociación de Fiscales, la actuación del ex fiscal general “ha laminado la credibilidad del Ministerio Fiscal y la confianza de los ciudadanos” en la institución, una herida que consideran aún abierta y que se agrava con decisiones opacas como la que ahora denuncian. Por ello, sostienen que la publicación del decreto es imprescindible para “sanar estas heridas” y para dar contenido real a la “nueva andadura” anunciada por Peramato en la reunión mantenida con las asociaciones de fiscales el pasado lunes.

La asociación, además, recuerda que, apenas un día después de ese encuentro, numerosos medios de comunicación informaron del decreto que permitía el reingreso de García Ortiz a la carrera fiscal y su adscripción a la sección de lo Social de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Una información que no fue desmentida ni por la Fiscalía General del Estado ni por la propia fiscal general, lo que llevó a la AF a dar por hecho que el decreto se haría público.

Según explican, la relevancia de esta decisión no es solo mediática, sino también jurídica, ya que las informaciones publicadas apuntan a la aplicación de una determinada doctrina sobre el concepto de delito doloso que podría afectar al conjunto de los miembros del Ministerio Fiscal.