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La nueva fiscal general rinde su primer servicio a Sánchez: salva al condenado García Ortiz

Peramato ha librado a su antecesor de cualquier expulsión o suspensión, permitiéndole incorporarse directamente a la Sección Social de la Fiscalía del Supremo

La nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y los exfiscales generales del Estado Álvaro García Ortiz y Dolores Delgado García.

La nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y los exfiscales generales del Estado Álvaro García Ortiz y Dolores Delgado García.Alberto Ortega / Europa Press

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La decisión de la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, de mantener a Álvaro García Ortiz en la carrera fiscal pese a su condena por el Tribunal Supremo, huele a favor político a kilómetros de distancia. Nombrada por Pedro Sánchez, Peramato ha librado a su antecesor de cualquier expulsión o suspensión, permitiéndole incorporarse directamente a la Sección Social de la Fiscalía del Supremo. Todo ello, tras una condena por revelación de datos reservados –esa filtración interesada sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso–, que incluía una multa de 7.200 euros, inhabilitación para el cargo de fiscal general por dos años y una indemnización de 10.000 euros. No hay pena privativa de libertad, argumenta la Inspección Fiscal, basándose en interpretaciones del Estatuto Orgánico y sentencias previas. Se ajusta a derecho, seguro que sí, pero ¿quién lo entiende en la calle?

Imaginemos el absurdo: usted, ciudadano de a pie, tiene un pleito laboral que llega a la Sala de lo Social del Supremo. Allí, como fiscal, se encuentra García Ortiz, el mismo que fue condenado por un delito doloso. Si no valía para ser fiscal general –inhabilitado específicamente por filtrar información sensible–, ¿por qué va a valer ahora para defender el interés público en el alto tribunal? La lógica se resquebraja. Esta interpretación "flexible" del reglamento parece diseñada para proteger a los suyos, perpetuando un sistema donde la lealtad política pesa más que la credibilidad institucional. Sánchez, maestro en el control de las instituciones, ve así recompensado a un fiel servidor que, en su día, actuó como ariete contra la oposición.

No es solo un caso aislado; es un síntoma de la erosión de la independencia judicial bajo el sanchismo. La Fiscalía, que debería ser baluarte de la justicia, se convierte en cortina de humo para favores partidistas. Mientras tanto, la opinión pública se pregunta: ¿dónde queda la ejemplaridad? Si la ley permite estos malabarismos, urge reformarla para que la confianza en las instituciones no sea solo un eslogan vacío. Peramato, en su primer gran acto, ha elegido bando: el del poder, no el de la independencia.

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