La Justicia archiva el caso contra Julio Iglesias y deja en evidencia la cacería política y mediática
La Audiencia Nacional considera que los tribunales españoles no tienen competencia para investigar hechos ocurridos fuera de España aunque el cantante sea español. También han tenido en cuenta que las denunciantes no son de nuestro país y por lo tanto "no tienen competencia para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados".
Después de mucho ruido, titulares y una ofensiva mediática perfectamente sincronizada, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido: las diligencias abiertas contra Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales han sido archivadas por falta de competencia judicial.
Según el decreto de archivo el Ministerio Público concluye que los tribunales españoles carecen de jurisdicción para investigar unos hechos que, según las denuncias difundidas, habrían ocurrido en el Caribe. En consecuencia, la Fiscalía de la Audiencia Nacional no puede continuar con la investigación preprocesal.
La decisión desmonta el relato construido en los últimos días, especialmente tras la publicación de una investigación de elDiario.es en colaboración con Univisión Noticias, en la que dos antiguas trabajadoras del entorno doméstico del cantante aseguraban haber sufrido tocamientos, humillaciones e incluso presiones sexuales durante su etapa laboral. Hechos que habrían ocurrido en propiedades ubicadas en República Dominicana y Bahamas.
Sin embargo, más allá del impacto mediático, la realidad judicial es clara: la Audiencia Nacional no tiene competencia para instruir estos hechos, al no haberse producido en territorio español ni existir jurisdicción aplicable en este caso.
A pesar de ello, desde el primer momento, sectores de la izquierda política y mediática se lanzaron contra el cantante con una dureza que volvió a poner en cuestión el respeto a la presunción de inocencia. Una estrategia ya conocida: amplificar el escándalo, construir un juicio paralelo y convertirlo en arma política mientras el Gobierno de Pedro Sánchez atraviesa una etapa marcada por polémicas, investigaciones judiciales y desgaste institucional.