División entre los obispos por la regularización de los inmigrantes

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes 27 de enero un Real Decreto-ley que pone en marcha una regularización extraordinaria de extranjeros que residen en España, una medida pactada con Podemos y que podría beneficiar a más de 500.000 personas según estimaciones oficiales. Se trata de la primera regularización masiva desde 2005, dirigida a quienes acrediten al menos cinco meses de residencia antes del 31 de diciembre de 2025, carezcan de antecedentes penales y no supongan amenaza para el orden público.

Las solicitudes se podrán presentar desde principios de abril hasta el 30 de junio de 2026, con tramitación rápida (en muchos casos no superior a 15 días) y autorización inicial de un año prorrogable, permitiendo trabajar legalmente de inmediato y suspendiendo posibles expedientes de expulsión. La ministra de Inclusión, Elma Saiz, defendió la norma como un refuerzo del modelo migratorio basado en derechos humanos, integración y compatibilidad con el crecimiento económico.

La Conferencia Episcopal Española (CEE), que impulsó junto a cientos de entidades una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con más de 700.000 firmas, ha recibido la noticia con notable satisfacción. Su presidente, el arzobispo de Valladolid Luis Argüello, la calificó como "un reconocimiento de la dignidad humana y una oportunidad para colaborar en el bien común", añadiendo que "viene a solucionar una situación que en tantos municipios de España se mostraba ya como de extraordinaria dificultad: personas trabajando, acudiendo a los servicios públicos, a los servicios sociales, a los colegios y encontrándose con este muro de la falta de legalización".

"Ciertamente este decreto podría haberse firmado hace meses, como las organizaciones que hemos promovido la iniciativa legislativa popular dijimos en su momento tanto en el Congreso de los Diputados como a la Administración. Es ahora, quizás porque hay un momento de oportunidad política que lo favorezca", matizó Argüello, sin restar mérito al avance.

No obstante, dentro del episcopado no hay unanimidad. El obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, arremetió contra la medida en sus redes sociales, tachándola de "estrategia para conseguir otros fines".

"Acertijo: ¡Adivina adivinanza!", inició Munilla su mensaje. "¿En qué se parece la subida de las pensiones incluida en el «decreto ómnibus» a la regularización de los inmigrantes contemplada en el decreto ley pactado por el Gobierno y Podemos?".

"Primero: en que ambas son estrategias para conseguir otros fines"; se respondió. "Segundo, en que esta forma torticera de proceder deja patente el desprecio de nuestros gobernantes hacia los pensionistas y hacia los inmigrantes, a quienes utilizan como moneda de cambio", persiguió.

"Tercero, en que en la mayoría de los españoles existe una conciencia ética, tanto en lo que se refiere a la necesidad de dignificar a nuestros jubilados como a la de facilitar la regularización de los inmigrantes que trabajan honradamente entre nosotros, rechazando la alternativa esperpéntica de la caza y expulsión del hispano de la que somos testigos en EE. UU.", añadió. Y remató: "Cuarto, en que, al abordar cuestiones de tanta importancia por la puerta de atrás, se hurta el diálogo parlamentario necesario y se impiden los matices convenientes".

La divergencia entre ambos prelados refleja tensiones internas en la Iglesia española ante una cuestión que combina dimensión humanitaria, social y política. Mientras Argüello destaca el reconocimiento de la dignidad y la solución a una realidad enquistada, Munilla denuncia un uso instrumental de los afectados y la elusión del debate parlamentario.

La oposición, liderada por el PP, ha calificado la medida de "cortina de humo" y "efecto llamada", y Vox ha anunciado recurso ante el Supremo. El Gobierno, por su parte, insiste en que responde a una urgencia social inaplazable, sin necesidad de convalidación parlamentaria al tramitarse por decreto.