TRAMA MEDIADOR
Culpables: el jurado declara probado el delito de cohecho en el caso Mediador
El jurado aprecia un patrón de pagos en efectivo y regalos para influir en contratos del sector energético en Canarias

Acusados y sus abogados en el juicio de la primera pieza del 'caso Mediador', con Marco Antonio Navarro en primer término
El caso Mediador ha obtenido su primer veredicto condenatorio. El jurado popular de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha declarado culpables de un delito de cohecho a los tres acusados de la primera pieza del procedimiento, tras considerar probado que existió un sistema organizado de pagos en efectivo y regalos destinado a obtener favores y ventajas empresariales en el ámbito público.
Pagos y regalos
El tribunal del jurado ha declarado culpables al general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, al empresario Antonio Bautista y al intermediario Marco Antonio Navarro Tacoronte. El juicio, celebrado durante cinco días, concluyó con un veredicto leído en la noche del jueves tras más de 24 horas de deliberación.
El jurado aprecia la existencia de un claro "patrón de conducta" en el desarrollo de una estrategia de pagos para que la empresa de Bautista captara contratos vinculados al sector de la energía solar en Canarias. En su resolución, subraya la "correlación" entre las retiradas de dinero en efectivo de las cuentas bancarias y las reuniones mantenidas entre los acusados, descartando que se tratara de actuaciones casuales o aisladas.
El veredicto considera probado que los pagos y regalos no tenían sentido si no respondían a una finalidad ilícita, ya fuera la obtención de un beneficio económico inmediato o la expectativa de una futura salida laboral para Espinosa en la empresa de Bautista tras su jubilación.
En relación con el general retirado, el jurado concluye que seguía perteneciendo de forma efectiva a la Guardia Civil pese a encontrarse en la categoría de servicios especiales. Destaca que continuaba percibiendo emolumentos a través de la nómina del instituto armado, que trabajaba para la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) en un proyecto en la región del Sahel una entidad de carácter público y que incluso se presentaba como general de la Guardia Civil en su tarjeta de visita.
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Asimismo, rechaza que Espinosa facilitara contactos empresariales "de manera gratuita" y descarta que existiera una relación de amistad con Bautista. A juicio del jurado, existe una relación directa entre los regalos recibidos por el general y la evolución de los proyectos empresariales impulsados por el empresario.
La resolución concede especial relevancia a varias grabaciones incorporadas a la causa, en las que tanto Navarro Tacoronte como Bautista hacen referencia expresa a sobornos. Para el jurado, estos audios refuerzan de forma clara la tesis acusatoria y evidencian la intención ilícita de los pagos y regalos.
En cuanto a las consecuencias penales, el jurado se ha mostrado contrario a la concesión de un indulto para cualquiera de los condenados. Respecto a la suspensión de la pena de prisión, únicamente se ha pronunciado a favor en el caso del empresario Antonio Bautista.
La Fiscalía Anticorrupción mantiene su petición de un año de prisión para cada uno de los acusados. Aunque ha considerado "prematuro" fijar una posición definitiva sobre la suspensión de las condenas, no se opone a que se conceda a Bautista. Por el contrario, rechaza de plano esa posibilidad para Navarro Tacoronte, al que atribuye una "trayectoria delictiva" y recuerda que se encuentra implicado en otras piezas del procedimiento, en las que se solicitan penas de mayor entidad.
Por su parte, las defensas han solicitado una rebaja de las penas. La de Bautista pide que se reduzca a nueve meses de prisión; la del general Espinosa reclama la imposición del mínimo legal, teniendo en cuenta que ya ha estado en prisión preventiva; y la de Navarro Tacoronte solicita una condena de cinco meses y quince días, además de la suspensión de la pena, argumentando que sus antecedentes penales están prácticamente cancelados y que aún quedan otras piezas del caso por resolverse.
Este veredicto supone la primera condena firme del caso Mediador, una macrocausa que continúa abierta y que aún tiene pendientes varias piezas separadas por juzgar.