Política migratoria

Marruecos aprieta: usa la regularización de inmigrantes para presionar a Sánchez

El Ejecutivo activa un proceso extraordinario de regularización mientras se producen reacciones en España, Marruecos y la Unión Europea

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el rey de Marruecos, Mohamed VI en su primer viaje oficial de esta legislatura a Marruecos, a 21 de febrero de 2024, en Rabat (Marruecos)EUROPA PRESS/Pool

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La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de activar una regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular ha abierto un nuevo frente político y diplomático para España. 

El plan del Ejecutivo prevé conceder permisos de residencia y trabajo a cientos de miles de personas sin documentación, siempre que acrediten un periodo mínimo de estancia continuada en el país y carezcan de antecedentes penales. El objetivo, según el Gobierno, es sacar de la economía sumergida a un amplio colectivo, facilitar su acceso al empleo legal y reforzar el sistema de protección social mediante nuevas cotizaciones.

Reacciones internas y externas

Los partidos de la oposición han acusado al Gobierno de enviar un mensaje equivocado en materia migratoria y de fomentar un posible efecto llamada. Desde el Partido Popular y Vox se advierte de que la medida puede desbordar los servicios públicos y complicar la gestión de las fronteras, mientras que el Ejecutivo rechaza esas críticas y defiende que la regularización permitirá un mayor control administrativo de la población extranjera.

En Marruecos, la medida ha sido interpretada como una señal de oportunidad para miles de ciudadanos marroquíes residentes en España, pero también como un elemento de presión en la relación bilateral. La política migratoria vuelve así a situarse en el centro del delicado equilibrio entre Madrid y Rabat, en un momento en el que el control de las rutas migratorias sigue siendo una moneda de cambio clave.

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Aviso europeo

Desde Bruselas, la Comisión Europea ha recordado que la regularización de inmigrantes es una competencia nacional, aunque ha reiterado la necesidad de coordinar las políticas migratorias dentro de la Unión y reforzar la cooperación con los países de origen y tránsito.