Pulso judicial
González Amador pasa al ataque: exige al ex fiscal general casi 65.000 euros que costó su letrado
El empresario reclama al Supremo el pago íntegro de los costes de su defensa y se opone a la nulidad de la sentencia que condenó al ex fiscal general por revelación de secretos.
Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso
Alberto González Amador, empresario y pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha elevado la presión judicial sobre el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz al reclamar el pago de 64.778 euros en costas procesales correspondientes a los gastos de su defensa, y al mismo tiempo oponerse con firmeza a cualquier intento de anular la condena que pesa sobre García Ortiz
España
García Ortiz paga la sanción y el Supremo solicita la cuenta de la pareja de Ayuso para abonarle la indemnización
Patricia Rodríguez Corchado
Una condena histórica, ahora en fase de disputas
En diciembre de 2025, el Tribunal Supremo dictó una sentencia sin precedentes contra García Ortiz por un delito de revelación de secretos, al considerar probado que filtró a la prensa información reservada relacionada con una negociación en la que González Amador ofrecía reconocer delitos fiscales para evitar la cárcel. La sentencia impuso a García Ortiz
Pago efectuado, polémica adicional
Más allá de la indemnización fijada en la sentencia, González Amador ha presentado ante el Supremo una reclamación por costas procesales que asciende a 64.778 €, una cifra que representa lo que ha supuesto el coste de su defensa en este largo y mediático procedimiento.
El fallo del Tribunal Supremo fue contundente y sin matices. La sentencia impuso al ex fiscal general dos años de inhabilitación para ejercer el cargo, una sanción inédita por afectar al máximo responsable del Ministerio Fiscal. A ello se sumó una multa de 7.200 euros por el delito cometido y la obligación de abonar 10.000 euros a González Amador en concepto de indemnización por los daños morales causados.
Al mismo tiempo, Amador ha remitido un escrito al alto tribunal rechazando rotundamente los recursos promovidos por García Ortiz y la propia Fiscalía en algunos puntos, entre ellos la demanda de nulidad de la sentencia (un paso habitual antes de recurrir ante el Tribunal Constitucional). En su escrito, afirma que la condena fue ajustada a derecho y que la revelación sí causó perjuicio en sus derechos fundamentales, por lo que no considera procedente su anulación.
Ampliación de conflicto judicial y político
El conflicto ha derivado en otros frentes jurídicos. Por un lado, González Amador ha pedido incluso que se declare la pérdida de condición de fiscal de García Ortiz, argumentando que una condena penal por delito doloso debería incompatibilizarle con funciones fiscales, algo que la actual fiscal general del Estado no descartó tras valorar el caso y permitió su reincorporación a la carrera fiscal tras cumplir la inhabilitación.
Por otro lado, la defensa del ex fiscal general ha planteado recursos extraordinarios, incluido un incidente de nulidad sobre la condena, argumentando supuestas vulneraciones de derechos fundamentales y defendiendo sus actos como "respuestas institucionales" frente a una cobertura mediática intensa.