Puente incumple la ley y deja sin investigar con garantías los recientes accidentes ferroviarios
La nueva Autoridad Independiente exigida por la UE sigue sin activarse por el incumplimiento del Gobierno, mientras la falta de Presupuestos desde 2023 bloquea inversiones clave en mantenimiento y seguridad
Óscar Puente, en una reciente comparecencia pública
Los graves accidentes de Adamuz y Gelida, así como los constantes incidentes en Rodalies, no están siendo investigados por el organismo verdaderamente independiente que exige la ley, sino por una comisión que debía haber sido ya extinguida. La responsabilidad política recae directamente sobre el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha incumplido el plazo legal para poner en marcha la nueva Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes.
La Ley 2/2024, publicada en el BOE el 2 de agosto de 2024, obligaba al Gobierno a aprobar en el plazo máximo de un año el Estatuto Orgánico de esta nueva Autoridad y proceder a su constitución. Ese plazo venció en agosto de 2025. Han pasado más de cinco meses y el organismo sigue sin existir.
España
Bruselas acorrala a Óscar Puente: alertó del mal estado del AVE Madrid-Sevilla ya en 2023
Enrique Martínez Olmos
Mientras tanto, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que la propia ley ordena extinguir, ha asumido la investigación de la tragedia de Adamuz, pese a que su continuidad es provisional y su independencia ya fue cuestionada por la Unión Europea tras el accidente de Angrois en 2013.
Bruselas ya alertó de la falta de independencia
La creación de esta nueva Autoridad no es un capricho político. Responde a una exigencia de la Unión Europea, que detectó “falta de independencia” en el sistema español de investigación tras el siniestro de Angrois. Por eso, la ley prevé un órgano permanente, con un presidente y seis consejeros con mandato blindado, amplias competencias y autonomía real frente al Ministerio.
Este organismo debería investigar no solo los grandes accidentes, sino también los incidentes graves que afectan al conjunto del sistema ferroviario y a la seguridad, un criterio que encaja plenamente con la situación de Rodalies, utilizada a diario por más de 400.000 ciudadanos y convertida en un foco constante de averías, retrasos y fallos de seguridad.
Fuentes técnicas y expertos ferroviarios consultados señalan que esta Autoridad Independiente habría debido intervenir ya en Rodalies, atendiendo los avisos de los maquinistas sobre el deterioro de las vías y supervisando de forma efectiva el mantenimiento, con competencias más amplias que las actuales de la CIAF.
El bloqueo presupuestario agrava la crisis
A esta situación se suma otro factor clave: España lleva sin aprobar unos Presupuestos Generales del Estado desde 2023, lo que impide consignar partidas específicas y actualizadas para mantenimiento, renovación de infraestructuras y refuerzo de la seguridad en las obras públicas.
La propia ley prevé que la nueva Autoridad Independiente cuente con dotación económica específica, pero sin nuevos Presupuestos esa financiación queda bloqueada, agravando la falta de medios para prevenir accidentes y supervisar el estado real de la red ferroviaria.
El Gobierno paralizó el proceso
El borrador del Estatuto Orgánico cerró su fase de información pública el 11 de marzo de 2025. Desde entonces, el proceso quedó paralizado sin explicación pública por parte del Ministerio de Transportes ni del Gobierno. Ni en el Senado ni en el Congreso Óscar Puente ha dado explicaciones sobre este incumplimiento legal.
La ley establece además criterios claros de transparencia, participación de las víctimas y acceso ilimitado a documentación y zonas afectadas, precisamente para evitar opacidad en investigaciones de alto impacto.
La omisión del Ejecutivo se suma a una crisis ferroviaria cada vez más profunda. Este sábado hay convocada una manifestación en Barcelona por el deterioro de Rodalies y la próxima semana está prevista una huelga de maquinistas que amenaza con paralizar el sistema ferroviario.