Repaso de Ana Vázquez, baliza V16 en mano, a Marlaska: vaticina que la polémica medida será el nuevo 'caso Koldo'

La obligatoriedad del uso de la baliza V16 en aquellos coches que circulen por carreteras españolas resulta, cuanto menos, sospechoso. El hecho de ser el único país europeo que impone este dispositivo, sumado a los problemas técnicos y de seguridad detectados por los propios profesionales que están cada día en la carretera y a que el Gobierno no haya contemplado su gratuidad para los conductores, ha encendido -y nunca mejor dicho- todas las alarmas.

Estas sospechas se han llevado este miércoles al Congreso de los Diputados de la mano del Partido Popular. En la sesión de control del Gobierno, la diputada popular y portavoz de Interior Ana Vázquez, ha encendido una baliza desde su propio escaño para lanzar su acusación al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska: "El caso balizas será el nuevo 'caso Koldo' del PSOE". 

La "red china" y los beneficiarios 

Para el PP la gestión de este dispositivo ha supuesto "la última paliza para los españoles", criticando que obligar a adquirirlo cuando el mismo presenta problemas de visibilidad a la luz del día o falta de batería, junto a la intención de acabar multando a aquel que no lo lleve, supone una imposición total para los españoles.

Además, la diputada ha exigido que se den a conocer los "informes independientes" que avalan dicha medida y ha señalado directamente a una supuesta "red china" y al secretario general de PSOE en Pontevedra como los grandes beneficiarios de este cambio normativo. "También ganó la empresa a la que Leire Díez, desde Correos, le compró las balizas ya en 2023", ha sentenciado. 

"Tómese en serio la seguridad"

La respuesta de Grande-Marlaska ha consistido en tachar de "falsedades" las insinuaciones de corrupción y ha defendido la V16 como una herramienta vital para frenar los 25 fallecidos al año que mueren atropellados al bajar del coche para colocar los triángulos de emergencia. "Tómese en serio la seguridad", ha replicado, equiparando el dispositivo con medidas asentadas como el carné por puntos, el cinturón de seguridad o la reducción de la tasa de alcohol. Sin embargo, a diferencia de estos últimos, estos sí se ha visto que resultan efectivos. 

El caso de Barbate 

Finalmente, durante la sesión se ha aprovechado también para reprochar al ministro que, dos años después de la muerte de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en Barbate (Cádiz), los agentes sigan "abandonados" y los narcotraficantes "campando a sus anchas". 

Ante lo cual, Marlaska ha defendido que los autores de aquellos asesinatos fueron puestos a disposición judicial y ha contraatacado culpando la 'herencia recibida' del PP. Ha asegurado que llevan actuando "con urgencia" desde 2018 para revertir  "la falta de recursos y las plantillas recortadas". Una urgencia que que, ocho años después, sigue siendo su principal argumento para justificar el estado de las plantillas.