La baliza V16: subvenciones millonarias, dudas técnicas y un negocio que hace aguas

La información publicada por OKDiario, firmada por Segundo Sanz, arroja un dato demoledor: la empresa creadora de la baliza V16, Netun Solutions, ha recibido más de 2,2 millones de euros en ayudas públicas del Gobierno. Un dato oficial, consultable por cualquier ciudadano en la Plataforma del Sistema Nacional de Subvenciones y Ayudas Públicas, dependiente de la Intervención General del Estado, bajo el mando de la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero.

No se trata de rumores ni de filtraciones interesadas. Son datos públicos. Y, precisamente por eso, el escándalo es mayor.

Ayudas públicas bajo el paraguas de Ucrania

Según la documentación oficial, Netun Solutions ha recibido tanto subvenciones directas como avales y préstamos públicos, la mayor parte de ellos incluidos en el plan de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania. En total, cerca de dos millones de euros procedentes de ese paquete extraordinario.

Resulta, cuanto menos, llamativo que una empresa tecnológica fundada en 2016, dedicada a comercializar un dispositivo obligatorio por ley, haya sido incluida en un plan diseñado para paliar los efectos de un conflicto internacional en sectores estratégicos y especialmente afectados.

La empresa fue creada por dos exguardias civiles y cuenta hoy con una estructura directiva distinta, pero el dato clave es otro: el Gobierno no solo obliga a los ciudadanos a comprar la baliza, sino que además financia a la empresa que la fabrica.

Un sistema caro, ineficaz y lleno de lagunas

El empeño del Ejecutivo en imponer la V16 resulta todavía más incomprensible si se atiende a las críticas técnicas que arrastra el sistema desde su concepción. Las alertas que emite el dispositivo duran apenas 30 minutos, mientras que el tiempo medio de llegada de asistencia ronda los 45 minutos. Es decir, el aviso puede desaparecer antes de que llegue la ayuda.

A ello se suma el precio, que oscila entre los 40 y 50 euros, frente a sistemas como el alemán, donde la alerta de incidentes es automática y gratuita, sin necesidad de adquirir ningún dispositivo adicional.

Ni Guardia Civil, ni bomberos, ni expertos en seguridad vial han avalado de forma contundente la eficacia del sistema. Y, aun así, el Gobierno sigue adelante, ahora incluso anunciando que “de momento no se multará”, como si el cumplimiento de la ley dependiera del estado de ánimo del ministro de turno.

Mafias, grúas ilegales y recaudación fiscal

Por si fuera poco, el sistema está siendo aprovechado por mafias de grúas ilegales, que monitorizan las señales de las balizas para localizar vehículos averiados, hacerse pasar por aseguradoras y cobrar en efectivo traslados a talleres clandestinos. Un nuevo problema de seguridad generado, paradójicamente, por un sistema que pretendía mejorarla.

Y hay otro dato que no pasa desapercibido: el Estado ingresará más de 300 millones de euros en concepto de IVA gracias a la venta masiva de las balizas. Recaudación pura y dura.

Un asunto que huele cada vez peor

Con subvenciones millonarias, obligatoriedad legal, recaudación fiscal y un producto lleno de sombras técnicas, la baliza V16 se ha convertido en símbolo del desconcierto y la improvisación del Gobierno.

Cada nueva información añade una capa más de sospecha. Intereses económicos, decisiones mal diseñadas y una imposición al ciudadano sin garantías claras. No son pocos los que ya pronostican que este asunto podría acabar, más pronto que tarde, en los tribunales.

Mientras tanto, muchos conductores se preguntan si no será más prudente mantener los triángulos en el coche. Por si acaso.