Un año después de la muerte de dos Guardias civiles en Barbate y todo sigue igual o peor

Este próximo domingo día 9 de febrero se cumple un año del terrible asesinato de los guardias civiles David Pérez Carracedo, de 43 años, y Miguel Ángel González Gómez, de 39, que fueron arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate, en Cádiz. Desde entonces, las mafias que se dedican al tráfico de drogas, lejos de rebajar la presión en la zona, cada vez son más activos y violentos. 

Tanto es así que todas las semanas se producen alijos y aprehensiones, pero también se puede a ver las narcolanchas actuando con total descaro en las costas andaluzas y en el río Guadalquivir, llegando hasta incluso hasta Sevilla capital, así como no dudan en atacar a los agentes en cada choque. También se siguen refugiando de los temporales, como aquel trágico día, en el puerto de Barbate o en las costas almerienses, sin temor a ser detenidos.

La situación está igual que hace un año o aún peor, según denuncian desde las asociaciones como Jucil y Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), que apuntan como responsable al ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande Marlaska, por no dotar de medios materiales y humanos a los cuerpos de seguridad que luchan contra las mafias. Además, según ha publicado La Voz del Sur, también desde el ministerio están intentando empañar el homenaje al prohibir acudir "de uniforme" y "negándose a dar días de permiso" para asistir a esos actos por orden de los superiores.

El juzgado se niega a reabrir la causa a pesar del audio

La situación de los cuerpos que luchan contra el tráfico de drogas es límite, al igual que la de la familia de Miguel Ángel González, uno de los dos guardias civiles asesinados, que ha intentando depurar responsabilidades. Para ello había solicitado a la Audiencia Provincial de Cádiz que reabra la causa contra los mandos del instituto armado que supuestamente dieron la orden de acudir esa noche al lugar, que ya fue archivado por esta misma instancia el pasado mes de noviembre de 2024, al tener "nuevas pruebas" sobre el caso.

Miguel Lozano, abogado de la familia, explicó que se ha aportado una grabación de audio que "no era conocida con anterioridad en el curso de procedimientos que está activado", por lo que "debe admitirse" para sustentar esta reapertura del caso contra quienes serían "responsables" de haber ordenado el operativo de Barbate.

Sin embargo este jueves el Juzgado de Primera instancia e Instrucción número 1 de Barbate (Cádiz) ha dictado una providencia en la que acuerda rechazar la petición de practicar las diligencias solicitadas y reabrir la causa contra los mandos de la Guardia Civil.

De momento los únicos que pagarán por el crimen son tres de los cuatro tripulantes de la narcolancha que embistió a la zodiac de la Guardia Civil aquella noche, que ya están en prisión provisional, uno de ellos Karim El Baqqali, el piloto de la embarcación que fue arrestado el pasado 19 de septiembre de 2024, fecha en la que fueron solicitadas Órdenes Internacionales de Detención sobre los otros dos varones encarcelados y un tercer tripulante, que todavía queda por localizar. A todos ellos se les atribuyen dos delitos de asesinato, cuatro delitos de asesinato en grado de tentativa, seis delitos de atentado, un delito de contrabando y un delito pertenencia a organización criminal.

Reprochan la disolución de OCON SUR a Marlaska

Los agentes sienten "impotencia y bochorno" por la impunidad con la que actúan las mafias y el secretario federal del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Andalucía, Ángel Becerra Corchado, ha alertado públicamente de la "grave situación" actual debido a la "creciente ola" de narcotráfico que afecta a la comunidad. "La situación es insostenible y pone en riesgo tanto la seguridad de los ciudadanos como la de los propios agentes que luchan contra las mafias", ha dicho en declaraciones recogidas en una nota por el sindicato.

Asimismo, el portavoz del SUP ha exigido al ministro del Interior que, "de manera urgente", declare Andalucía como "zona de especial singularidad", con el objetivo de reforzar las medidas de seguridad y protección en la región.

Además, la AUGC ha mostrado este martes la "impotencia y bochorno" de los agentes ante la navegación de narcolanchas por el río Guadalquivir, exponiendo que aunque la problemática "viene de largo", actualmente "la situación ha llegado a un punto" en el cual estas embarcaciones "campan a sus anchas por el río, desde su desembocadura hasta Sevilla capital y los pueblos de la provincia por los que es navegable".

Al respecto, la AUGC expone además que solicitó "explicaciones sobre la disolución" del Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico en Andalucía (OCON-Sur), "unidad que al tener medios humanos y materiales llegó a unas cotas de resultados nunca vistas antes" en la lucha contra el narcotráfico organizado.