La violencia en las cárceles marca un nuevo récord: 529 agresiones y 119 incidentes sexuales en 2025

Las cárceles españolas han cerrado 2025 con un dato alarmante: 529 agresiones y 119 incidentes de naturaleza sexual cometidos por internos contra trabajadores penitenciarios. Lejos de tratarse de episodios aislados, las cifras reflejan, según denuncian los representantes sindicales, una conflictividad estructural que se repite año tras año y que afecta a la práctica totalidad de los centros.

Los cinco establecimientos con mayor número de agresiones registradas durante el último ejercicio han sido el Centro Penitenciario de Córdoba (37), Puerto III (29), Puerto I (29), Dueñas (27) y Madrid V Soto del Real (25). Un mapa de la violencia que se extiende por distintas comunidades autónomas y que confirma una tendencia ascendente que preocupa profundamente a la plantilla.

Desde ACAIP-UGT apuntan a causas estructurales claras. Denuncian un déficit médico cercano al 75%, que impide garantizar una atención sanitaria adecuada dentro de los centros. A ello se suma el incremento constante de internos con patologías mentales, una clasificación interior que no siempre responde al perfil individualizado del preso y una planificación de personal que consideran insuficiente para la realidad actual.

La combinación de estos factores, sostienen, ha disparado las agresiones a niveles “inasumibles”, con un crecimiento sostenido cada año.

Especialmente preocupante es la dimensión sexual de la violencia. De los 119 incidentes registrados, 8 corresponden a agresiones sexuales, 51 a casos de acoso sexual y 60 a exhibicionismo o provocación sexual. En un entorno donde el 93% de la población reclusa es masculina y el personal femenino de vigilancia ya representa el 35% de la plantilla, el sindicato considera incomprensible que no se haya incorporado una perspectiva de género real en la gestión de riesgos.

Formación específica y medios adecuados

ACAIP-UGT reclama formación específica en defensa personal adaptada y prevención de agresiones sexuales, así como la dotación de medios de protección adecuados. Denuncian que los actuales equipos de “tallaje único” comprometen la seguridad de muchas trabajadoras al no ajustarse a su anatomía.

Además, critican que el protocolo vigente frente a agresiones resulta claramente insuficiente. No recoge de forma adecuada las agresiones verbales ni las tentativas frustradas, muchas de las cuales solo no llegan a consumarse gracias a la experiencia y profesionalidad de los funcionarios. Esta infraevaluación, advierten, distorsiona la dimensión real del problema y proyecta una falsa sensación de control.

Exigencias urgentes al Gobierno

Ante este escenario, el sindicato exige desbloquear en el Congreso la reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria para reconocer a los trabajadores penitenciarios como agentes de la autoridad. También reclama que el Estado asuma el pago de indemnizaciones derivadas de agresiones y que la Abogacía del Estado actúe de oficio en todas las denuncias.

Otra de las demandas prioritarias es la implantación de una cobertura psicológica integral y obligatoria para el trabajador agredido, evitando que deba reincorporarse sin apoyo al mismo entorno donde sufrió la violencia.

Los datos de 2025, insisten, no son una anomalía puntual. En los primeros meses de 2026 ya se han producido agresiones graves, como la registrada la semana pasada en el Centro Penitenciario Castellón II, donde un funcionario sufrió la rotura de tibia y peroné y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, afrontando ahora un largo proceso de recuperación.

“No hablamos de estadísticas”, subrayan desde el colectivo. “Hablamos de profesionales que trabajan en condiciones cada vez más complejas y que, pese a ello, no cuentan con la protección institucional adecuada”.