Tijeretazo a la publicidad institucional: “Menos dinero público, más libertad para los medios”

El debate sobre el control de la publicidad institucional en los medios entra en una nueva fase. La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha celebrado que el Gobierno quiera limitar el peso de estos ingresos públicos en la financiación de los medios de comunicación, con un tope del 35% del total, al considerar que la medida “podría contribuir a reducir dependencias” y frenar dinámicas de clientelismo informativo.

La organización, no obstante, ha puesto el foco en lo que considera el verdadero núcleo del problema: no solo cuánto dinero recibe cada medio, sino con qué criterios se decide quién lo recibe. A su juicio, sin reglas claras de reparto y sin supervisión efectiva, el riesgo de opacidad y de uso político de la publicidad institucional seguiría presente.

En ese sentido, la PDLI subraya que abrir este debate es “imprescindible”. La plataforma recuerda que la publicidad pública puede cumplir una función legítima de servicio público, pero también puede convertirse en una herramienta de influencia si se asigna con criterios arbitrarios, alterando la competencia y dañando el pluralismo mediático.

Transparencia real y control con capacidad de actuación

La entidad reclama medidas concretas para evitar que la norma se quede en un mero titular. Entre sus propuestas figura la publicación anual y desglosada de la inversión institucional, por medio o plataforma y por administración, en formatos analizables que permitan comparar datos y detectar patrones.

Además, pide que se definan reglas de asignación y planificación previas, no solo balances posteriores, para poder identificar posibles sesgos en el reparto. Y añade una exigencia clave: que exista un órgano supervisor con “capacidad real” para requerir información, evaluar prácticas y hacer públicas sus conclusiones.

La PDLI también insiste en la necesidad de aclarar conceptos técnicos para evitar discrecionalidad e inseguridad jurídica. Reclama que la ley precise qué se considera exactamente “publicidad institucional” o “del sector público”, si el cálculo se realiza por medio o por grupo empresarial, y qué magnitud se toma como referencia: ingresos, facturación o cifra de negocio.

“Evitar la captura, no condicionar contenidos”

Otro de los avisos de la plataforma apunta directamente al uso político de la norma. La PDLI pide blindar el texto legal para impedir que el límite a la publicidad pública se convierta en una nueva palanca de presión sobre las líneas editoriales.

“La norma debe blindar que no se use como herramienta de presión política ni como mecanismo de exclusión encubierta por línea editorial”, señala la entidad, que recuerda que el objetivo debe ser evitar la captura de medios por dependencia económica, no influir en los contenidos.

El Gobierno lleva este martes la ley al Consejo de Ministros

El Ejecutivo prevé aprobar este martes en el Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público, según fuentes del Gobierno citadas por Europa Press. La norma, impulsada por el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública que dirige Óscar López, incluirá el citado tope del 35% para la publicidad institucional en los medios.

El texto busca adaptar la legislación española al Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA), una de las referencias comunitarias en materia de pluralismo, transparencia y protección frente a injerencias.

La reforma forma parte, además, de las 31 medidas del Plan de Acción por la Democracia, presentado por el Gobierno en septiembre de 2024, y que afecta a medios, partidos políticos y otras instituciones. Entre sus objetivos ya figuraba la revisión de la Ley de Publicidad Institucional para introducir criterios de “transparencia, proporcionalidad y no discriminación”, así como evitar medios excesivamente dependientes de fondos públicos.

Más cambios en marcha en el sector mediático

El movimiento no llega solo. En paralelo, el Gobierno mantiene activas otras reformas que afectan al ecosistema informativo, como los cambios en las leyes orgánicas del derecho al honor y del derecho de rectificación, o la futura regulación del secreto profesional de periodistas y prestadores de servicios de comunicación.

A ello se suma la tramitación en el Congreso de la Ley para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Ordenación de los Medios de Comunicación, que prevé la creación de un registro estatal de prestadores de servicios de medios.

Ese registro, dependiente de la CNMC, obligará a los medios de ámbito estatal a mantener actualizada información sensible para la transparencia del sector: su estructura de propiedad, el importe anual de publicidad estatal que reciben y también los ingresos procedentes de autoridades o entidades públicas de terceros países.

Con este paquete legislativo, el Gobierno quiere ordenar un terreno especialmente delicado: el de la financiación pública de los medios. Y aunque la PDLI aplaude el paso, su mensaje es claro: sin transparencia, criterios objetivos y control efectivo, el límite del 35% puede quedarse corto.