Entre sobres y microcréditos: hoy se vota la letra pequeña que redefine las campañas electorales

Mientras el foco político suele situarse en los grandes debates ideológicos, este martes la discusión se traslada a un terreno mucho más técnico, pero con efectos directos sobre cómo se financian y organizan las campañas. La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas —donde PP y Vox suman mayoría absoluta— vota hoy las propuestas de resolución presentadas por los grupos a raíz de los informes de fiscalización de las elecciones generales de 2023 y europeas de 2024.

En juego no hay grandes titulares de confrontación política, sino algo más silencioso: la definición exacta de qué puede considerarse gasto electoral, cómo deben regularse los microcréditos con los que algunos partidos financian sus campañas y si tiene sentido mantener el actual sistema masivo de envío postal de propaganda.

Ampliar el concepto de gasto electoral

El debate parte del artículo 130 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que delimita qué partidas pueden computarse como gastos electorales: papeletas y sobres, envíos postales, publicidad, alquiler de locales, remuneraciones de personal o intereses de créditos, entre otros.

En sus últimos informes, el Tribunal de Cuentas ha recomendado concretar mejor estas categorías. El PP recoge esa sugerencia y plantea ampliar el listado para incluir de forma expresa:

Vox, por su parte, propone que los intereses de los créditos se computen como gasto reembolsable hasta el momento en que la administración abone la subvención correspondiente, y reclama que el órgano fiscalizador unifique criterios y reduzca plazos en sus informes.

El PSOE también se muestra favorable a una regulación más específica, aunque sin detallar medidas concretas, e invita a aprovechar la reforma de la LOREG actualmente en tramitación para ajustar la relación entre el límite máximo de gasto y las subvenciones públicas.

Microcréditos y donaciones: el nuevo foco

Otro de los ejes del debate gira en torno a la financiación mediante microcréditos, un mecanismo al que varias formaciones han recurrido en los últimos años para sostener sus campañas sin depender exclusivamente de la banca tradicional.

En sus propuestas, Sumar apuesta por acotar con mayor precisión esta fórmula. Plantea que la cantidad aportada por cada prestamista no pueda superar el límite de 50.000 euros anuales fijado para las aportaciones privadas; que los microcréditos se ingresen obligatoriamente en las cuentas electorales habilitadas para cada proceso; y que el plazo de devolución no exceda de un año natural desde la celebración de los comicios. Además, propone que, en caso de que el prestamista renuncie a recuperar su dinero, esa cantidad pase a considerarse formalmente una donación, con todas las consecuencias legales que ello implica.

Tanto el PP como el PSOE coinciden en que es necesario actualizar la Ley de Financiación de Partidos para clarificar este terreno. En concreto, defienden que las donaciones realizadas durante el periodo electoral se entiendan siempre vinculadas a ese proceso y, por tanto, queden sometidas a los requisitos y controles previstos en la normativa electoral, incluyendo su ingreso en las cuentas específicas de campaña.

El 'mailing' electoral

El tradicional envío personalizado de sobres, papeletas y propaganda vuelve a estar en el centro del debate. El Tribunal de Cuentas ha recordado que los partidos deben acreditar que el material ha estado a disposición de los electores, ya sea por correo o mediante entrega directa en sedes y actos.

Sumar apuesta por evaluar la “eficiencia material y económica” del sistema, dado que las papeletas están disponibles en los colegios electorales el día de la votación, y sugiere explorar alternativas como compras centralizadas para reducir costes.

El PSOE, sin renunciar al envío postal personalizado, propone que el operador postal implante un preregistro telemático para identificar con claridad los envíos subvencionables y potenciar la tramitación electrónica de todo el procedimiento.

El PP, en cambio, plantea que el Gobierno disponga de un número adicional de sobres y papeletas para reforzar zonas donde el envío falle, y pide que no se exija una sincronización exacta entre papeletas confeccionadas y franqueos justificados, argumentando que el censo definitivo no se conoce cuando se encargan los materiales