Palo judicial de la Audiencia a Begoña Gómez: respalda a la UCO con sus correos ocultos

Otro revés judicial que duele, y mucho, en las altas esferas de Moncloa. La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado de plano el último recurso de Cristina Álvarez, la asesora y mano derecha de Begoña Gómez en su desesperado afán por proteger más de un centenar de correos electrónicos intercambiados con la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

La Sección 23 del tribunal ha desestimado la petición de aclaración o rectificación presentada por la defensa de Álvarez, calificándola no como una corrección legítima, sino como un intento encubierto de obtener un nuevo fallo sobre un asunto ya resuelto.

Un mazazo en toda regla que deja vía libre, según detalla el portal Vozpópuli, al juez Juan Carlos Peinado para seguir escarbando en esos emails, clave en la investigación por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y intrusismo laboral que salpican directamente a Begoña Gómez.

Cristina Álvarez, imputada por un supuesto delito de malversación, no es una figura menor en este enredo: como asesora de la mujer del presidente, participó activamente en la gestión de patrocinios y convenios para la cátedra de Transformación Social Competitiva de la UCM, codirigida por Gómez.

Los correos en cuestión, enviados desde cuentas oficiales –incluidas las vinculadas al Palacio de la Moncloa–, revelan negociaciones con al menos quince entidades, entre ellas gigantes como Indra, Google o Reale. Por ejemplo, Álvarez informaba al ex vicerrector de Relaciones Institucionales de la UCM, Juan Carlos Doadrio, sobre solicitudes de Google para un contacto directo o gestionaba colaboraciones económicas anuales de 40.000 euros con la multinacional.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya ha analizado estos mensajes y concluido que Álvarez iba mucho más allá de sus funciones como simple asistente de la primera dama: se metía de lleno en tratos que olían a influencia y favoritismos.

El juez Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ordenó a finales de enero la entrega de estos emails a través de una providencia, después de que Doadrio –declarando como testigo– ofreciera voluntariamente más de cien mensajes. La Audiencia ya había respaldado esta decisión en un recurso previo, pero la defensa de Álvarez no se rindió: el 22 de enero presentó una solicitud de aclaración bajo el artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, alegando un "error involuntario" en la resolución anterior. Argumentaban que Doadrio nunca ofreció los correos de forma espontánea y que su entrega vulneraba el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, exigiendo un auto formal en lugar de una simple providencia.

Pero la Audiencia no ha picado: en su auto del 13 de febrero, los magistrados dejan claro que esto no era una aclaración por error u oscuridad, sino un truco para reabrir el debate. Los emails, insisten, son comunicaciones oficiales, no privadas, y no invaden la intimidad porque proceden de cuentas institucionales. Su relevancia es obvia para evaluar si Álvarez y Gómez incurrieron en actividades irregulares. Este es el segundo intento fallido de la asesora por blindar esta información, y el tribunal lo ha frenado en seco, permitiendo que el sumario avance sin obstáculos.

En Moncloa, donde Pedro Sánchez este palo judicial preocupa, y no poco. Begoña Gómez, imputada en el núcleo de la trama, ve cómo se acumulan las pruebas en su contra: la UCO ya ha destapado que sus acciones en la UCM superaban con creces lo que cabría esperar de una "esposa del presidente" sin cargo oficial. Sánchez, que siempre ha defendido a ultranza a su mujer, ahora debe digerir que la Justicia no da tregua. La Audiencia de Madrid, que en otros momentos ha limitado al juez Peinado (como al denegar un juicio por jurado), esta vez le da alas.