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Vox cumple una de sus grandes metas en Baleares: el PP avala derogar la Ley de Memoria Democrática

El Parlament balear tumba la norma impulsada por la izquierda en 2018 en medio de una bronca política de alto voltaje y con duras críticas de las asociaciones memorialistas

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La presidenta del Govern, Marga Prohens.

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(Foto de ARCHIVO) La presidenta del Govern, Marga Prohens. RCAIB

Luis Sordo
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Golpe político de primer orden en el Parlament de las Islas Baleares. La Cámara autonómica ha derogado este martes la Ley de Memoria Democrática, a iniciativa de Vox y con el apoyo decisivo del PP, en una votación que ha vuelto a evidenciar la profunda fractura ideológica entre el bloque de la derecha y toda la izquierda parlamentaria.

La decisión supone una victoria de gran calado para Vox, que logra sacar adelante uno de sus objetivos más simbólicos de la legislatura y lo hace, además, con el respaldo de los populares. No es un detalle menor: el PP ya apoyó parcialmente en abril de 2018 esta norma promovida entonces por el Ejecutivo socialista de Francina Armengol. Ocho años después, el giro político es total.

El debate en la Cámara no ha estado exento de tensión. El diputado de Vox Sergio Rodríguez defendió la derogación con un discurso de fuerte carga política, repasando una relación de personas asesinadas antes y durante la Guerra Civil por el bando republicano. Según sostuvo, algunos de esos nombres fueron apartados del callejero por las leyes de memoria pese a que, en su opinión, “no tuvieron nada que ver” con el golpe de Estado encabezado por Franco en 1936.

La escena retrata con claridad el choque de relatos que sigue marcando la política española casi noventa años después del inicio de la Guerra Civil. Para Vox, la ley suponía una visión “sesgada” de la historia y un uso ideológico de las instituciones. Para la izquierda, en cambio, su derogación representa un retroceso democrático de enorme dimensión.

La izquierda carga contra PP y Vox

Todos los partidos de izquierda de la Cámara se opusieron frontalmente a la iniciativa. Consideran que la eliminación de la ley no solo desmonta un marco legal de reparación y reconocimiento, sino que abre una grieta institucional en un asunto especialmente sensible para miles de familias.

La sesión fue seguida con enorme inquietud desde el salón de los Pasos Perdidos por miembros de la asociación Memòria de Mallorca. Su presidenta, Maria Antònia Oliver, resumió el malestar de los colectivos memorialistas con una frase demoledora: la derogación es “un acto muy grave en democracia y es muy doloroso: se derogan derechos humanos”.

Sus palabras reflejan el clima de indignación que ha dejado la votación entre quienes ven en esta norma una herramienta para dignificar a las víctimas del franquismo, impulsar exhumaciones, retirar simbología y preservar la memoria de la represión.

Un triunfo simbólico para Vox

Más allá del alcance jurídico de la decisión, la derogación tiene una evidente lectura política. Vox exhibe músculo y demuestra capacidad para condicionar la agenda del PP en asuntos de fuerte contenido ideológico. El partido de Santiago Abascal convierte así Baleares en uno de los territorios donde más claramente ha logrado dejar su huella.

Para los populares, el movimiento entraña riesgos. Aunque les permite mantener la sintonía parlamentaria con Vox, también les expone a las críticas de la izquierda y de los colectivos memorialistas, que les reprochan haber avalado la marcha atrás en una ley que en su día no rechazaron de plano.

La batalla política, en cualquier caso, está lejos de acabar. La derogación de la Ley de Memoria Democrática abre un nuevo frente en Baleares y amenaza con convertirse en otro foco de confrontación nacional entre derecha e izquierda, con la historia, una vez más, convertida en arma arrojadiza del presente.

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