El exDAO de Marlaska comparece el martes ante el juez por su presunta agresión sexual
José Ángel González declarará como investigado por la presunta agresión sexual contra una miembro del Cuerpo Nacional de Policía mientras la oposición señala al entorno del ministro y crece la presión política
José Ángel González, exDao de la Policía Nacional
La tormenta política en torno al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González suma un nuevo capítulo. El magistrado del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid le interrogará el próximo martes como investigado por una presunta agresión sexual, junto a la agente que presentó la querella. La citación llega tras la admisión a trámite de la denuncia, en la que el juez señaló que los hechos relatados “hacen presumir la posible existencia de delitos de agresiones sexuales”.
González, uno de los mandos de confianza del Ministerio del Interior, renunció al cargo tras conocerse su imputación, en un movimiento que no evitó la sacudida política. La querella describe una relación previa de “afectividad” marcada por una “asimetría de poder institucional”, y sostiene que, tras la ruptura, el exDAO inició una conducta de presión y contacto insistente que habría desembocado en los hechos denunciados.
Según el escrito, el episodio se habría producido el 23 de abril de 2025, cuando la denunciante, en servicio en la comisaría de Coslada, recibió múltiples llamadas del exmando requiriendo su presencia. La querella sostiene que utilizó su autoridad para que abandonara su puesto y acudiera a verle, primero a un restaurante y después a una vivienda, donde —según el relato— se produjo un acercamiento sexual rechazado “de forma verbal, expresa, rotunda y continuada”.
La defensa dice que son “celos”
La defensa de González rechaza las acusaciones y sostiene que ofreció a la denunciante marcharse en todo momento. En un escrito remitido al juzgado, vincula la querella a “celos” y señala supuestas contradicciones entre el relato y los audios aportados como prueba.
La causa incluye pruebas documentales como grabaciones, mensajes y registros de llamadas, cuyo acceso ha sido autorizado por el juez bajo criterios de confidencialidad. Mientras avanza el proceso judicial, el caso mantiene abierto un frente político de alto voltaje, con la oposición cuestionando responsabilidades en Interior y el entorno del ministro Fernando Grande-Marlaska bajo creciente presión.