Marlaska se lava las manos con Barbate: pide justicia para tapar su culpa política

Fernando Grande-Marlaska ha vuelto a parapetarse tras el lenguaje institucional para esquivar lo esencial: su responsabilidad política en la tragedia de Barbate. El ministro del Interior apeló este miércoles a que se haga “justicia” por el asesinato de los dos guardias civiles arrollados por una narcolancha, pero lo hizo sin la más mínima autocrítica, como si él hubiera sido un mero testigo y no el máximo responsable del dispositivo de seguridad en una de las zonas más castigadas por el narcotráfico.

Recordó a David y Miguel Ángel, asesinados el 9 de febrero de 2024, con palabras solemnes y gesto compungido. Dijo que aquella fecha “no se nos quitará nunca de la cabeza”. Pero lo que tampoco se borra de la memoria colectiva es que aquellos agentes murieron en un escenario marcado por años de denuncias, avisos y reclamaciones sobre la falta de medios suficientes frente a mafias cada vez más violentas y más envalentonadas.

Justicia sí, pero también responsabilidades

Marlaska insiste en que los presuntos autores están en prisión, serán juzgados y deberán cumplir la pena que corresponda. Nadie discute eso. Lo que se le reprocha no es que pida justicia, sino que use a la Justicia como coartada para no responder políticamente por lo ocurrido.

Héroes sin el respaldo suficiente

En Algeciras, durante la toma de posesión del nuevo jefe de la Comandancia, el ministro volvió a elogiar a los agentes como “héroes” en la lucha contra el narcotráfico. Y lo son. Precisamente por eso resulta tan hiriente escuchar homenajes oficiales de boca de quien no ha asumido que esos hombres y mujeres llevaban demasiado tiempo reclamando más medios, más protección y más respaldo operativo.

No basta con llenar de reconocimientos a la Guardia Civil cuando ya se ha producido la tragedia. El verdadero respaldo no se mide en discursos ni en medallas, sino en anticipación, en refuerzos eficaces y en decisiones políticas capaces de impedir que los agentes queden expuestos ante organizaciones criminales que actúan con creciente descaro.

La coartada de los millones

Marlaska también sacó pecho de la inversión de más de 250 millones de euros en el Plan Especial del Campo de Gibraltar desde 2018. Una cifra que el ministro exhibe como escudo cada vez que arrecia la crítica. Pero hay una pregunta que dinamita todo ese argumento: si el plan era tan ambicioso, tan reforzado y tan prioritario, ¿cómo se pudo llegar al extremo de que una narcolancha asesinara a dos guardias civiles?

Cuando un responsable político necesita refugiarse constantemente en las cifras, suele ser porque la realidad ha arrasado su relato. Y la realidad es tozuda: Barbate no fue un episodio aislado, sino la imagen más brutal de un problema enquistado durante años.

Una factura que no prescribe

El gran problema para Marlaska es que el tiempo no ha borrado su responsabilidad. Puede invocar el Estado de Derecho, puede solemnizar sus palabras y puede ampararse en el proceso judicial. Pero nada de eso elimina el hecho de que la tragedia ocurrió bajo su mandato y en el contexto de una amenaza que su departamento llevaba años diciendo que tenía controlada.